jueves, 31 de julio de 2008

Aristóbulo Istúriz y Jorge Rodríguez abanderados en la lucha contra la especulación inmobiliaria



Maglene Sierraalta

Caracas 29/07/2008.- Aristóbulo Istúriz, candidato PSUV por la Alcaldía Metropolitana y Jorge Rodríguez, candidato PSUV por la Alcaldía del Municipio Libertador acompañaron a los inquilinos y CTU en la marcha cuyo lema fue un “NO a la Especulación Inmobiliaria”. La especulación y el acaparamiento es una violación del artículo 114 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Red de Inquilinos solicitó entregar un documento al vicepresidente de la República, Ramón Carrizales.

Aristóbulo y Jorge, marcharon con los inquilinos en apoyo a las comunidades organizadas inquilinarias cuyo fin es la garantía de vivienda sin atropellar los derechos de los propietarios.
En la gran concentración, los inquilinos demostraron su deseo de participación, pero es prioritario recordarles a los que siempre se quedan “encerrados en sus casas” que deben acudir en masa a estas convocatorias.

ASOCIB presente en la unidad de los inquilinos. Todos somos inquilinos del planeta y nuestro fin es “único”. Acabar con la especulación inmobiliaria y defender nuestro derecho a la ciudad y la vivienda.

Imágenes históricas tomadas por Carlos Rodríguez vocero de Baruta. En ellas observamos a los líderes PSUV Aristóbulo y Jorge, parte de la concentración, a Rosa Cervellione, Belén de Cabarela y Mildred Aguilera felices por sentir el apoyo de los líderes. Jenny Verdura las más persistente luchadora social a favor de los inquilinos.



domingo, 20 de julio de 2008

La revolución del diseño

Publicado en todosadentro
Semanario cultural de la República Bolivariana de Venezuela
Sábado 19 de Julio de 2008


Farruco Sesto

Hay revoluciones que son políticas. Que significan cambios drásticos en la estructura de gobierno de una sociedad. Pero ahí se quedan.

Cuando las revoluciones son, además, revoluciones sociales, eso las hace más interesantes. Al hacerse el pueblo presente, adquieren un rasgo considerable de legitimidad y consistencia.

Avanza el concepto cuando se va a la raíz de los problemas estructurales y la revolución se hace económica. Sin ello no podría hablarse, en rigor, de una revolución profunda.

Pero la más completa, la que cierra el cuadro, es la que alcanza el plano cultural, el de los valores. Ella es la revolución verdadera, la que se da en las cuatro dimensiones relacionadas entre sí, la política, la social, la económica y la cultural.

¡La dimensión cultural!

Es por eso que las revoluciones más auténticas en sus mejores momentos desarrollaron poderosos movimientos de vanguardia en las artes y en las letras, en lo estético, en las propuestas y búsquedas de creación.

De modo que la Revolución Bolivariana no puede quedar atrás en esto.

Necesita romper paradigmas en todos los aspectos. Una revolución se alimenta también de las rupturas. En la búsqueda de sus raíces más auténticas, explora nuevas formas, nuevos lenguajes, deja atrás antiguos estilos anacrónicos, cuando no decadentes.

Y así lo debemos hacer nosotros. Y así lo tenemos que hacer.

Hay un mundo por hacer. Los nuevos ciudadanos que están surgiendo, necesitan nuevas ciudades hechas a su medida, a su conciencia, para unas mejores relaciones humanas.

La nueva arquitectura, necesita ser expresión de los cambios, ser expresión de nosotros, de nuestro pasado y, al mismo tiempo, de nuestra intención de transformar el mundo.

Vivamos, pues, estos cambios profundos a través de las artes y del mayor arte de todos, el arte de hacer ciudad a la vez que se hace ciudadanía.

El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, anuncia su intención de contribuir a la revolución del diseño, que no tiene límites, que no debe tenerlos.

Debemos vivir una vigorosa revolución en lo proyectual. Talento hay de sobra para ello.

Justiprecio, Justo Precio o Especulación



Publicado en el semanario TEMAS - 18 al 24 de julio de 2008

Maglene Sierraalta


Aprietos para comprar o tener acceso a una vivienda, en Venezuela, sigue siendo un tema álgido. Durante ochenta años hemos visto diversas fórmulas crediticias para obtener la “Casa”. La prioridad ha sido engendrar propietarios.

Nuestras políticas gubernamentales, en materia de vivienda, siempre coinciden en la misma ruta: arreglos mercantilistas. En 1928 fue creado el Banco Obrero, ente captador de ahorros del trabajador y financista de la vivienda, no logró su objetivo. Años después, transformado en Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) pudiera fallecer sin alcanzar la meta.

Nuestra población crece y en la misma proporción aumenta la necesidad de viviendas. Se opta entonces por legislar el ámbito mercantil. Surgen bancos hipotecarios, institutos de créditos, el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, y la Ley de Política Habitacional.

En el Siglo XXI nace la Ley Prestacional de Vivienda, rumbo al Sistema de Seguridad Social Integral (Artículo 86 CRBV). El Fondo de Ahorros Obligatorio de Vivienda (FAOV) suple la política habitacional.

Estos modelos de políticas financieras han sido efectistas, pero no han logrado minimizar la penuria de viviendas. El proletariado no ha tenido, ni tiene, la Cuota Inicial.

Los sindicatos petroleros, a través de las reinvindicaciones que han conseguido para sus trabajadores, han marcado el precio de las viviendas en Venezuela. En el último contrato aprobado, se consiguió una ayuda de vivienda de 180 mil BsF; al aprobarse ese monto, los avisos en prensa de ventas de apartamentos usados, viejos, llenos de filtraciones y vicios ocultos, aumentaron al doble de la base conseguida en esa reinvindicación. De las nuevas, ni hablemos.

El colmo es que ni siquiera ese trabajador petrolero podrá comprar una vivienda usada.

El propietario codicia la reinvindicación de la empresa, los subsidios que otorga el gobierno, lo que gana el trabajador en salario, lo que ganan sus hijos y lo que ganarán sus nietos. ¡Capitalismo salvaje! ¡Neoliberalismo puro! Seremos sus esclavos a cambio de una vivienda.

¡Especulan! Crean artificialmente crisis acaparando viviendas vacías. Es necesario que el Estado venezolano, a través del Ejecutivo Nacional, tase o valore los inmuebles con peritos revolucionarios, para obtener el Justiprecio de la vivienda.

Así mismo, el Justo precio debe ser un valor correspondiente al bien evaluado y cónsono con los ingresos familiares del venezolano. Si no es así, seguiremos igual. Sin cuota inicial ni ingresos para pagar hipotecas. Necesitamos resultados sociales.

sábado, 19 de julio de 2008

Expropiaciones y selección de 40 Edificios


CONVERSATORIO EN CHACAO
Con Aristóbulo Istúriz y Wolfan Wilians Torrez Herrera
Candidatos a las Alcaldía Metropolitana y de Chacao
PSUV
Liceo Gustavo Herrera
17 de julio de 2008

Transcrito: Maglene Sierraalta

Por considerarlas de suma importancia para los inquilinos de la zona Metropolitana de Caracas y Venezuela en general, transcribimos a continuación las palabras del candidato del PSUV para Alcalde Metropolitano, Aristóbulo Istúriz, acerca de la problemática inquilinaria y las expropiaciones durante el Conversatorio con vecinos de Chacao e invitados de comunidades aledañas, el día jueves 17 de julio de 2008:

“(…) para mí el principal problema de Chacao es la vivienda, y eso no es sólo en Chacao; es en casi todas las parroquias de clase media de Libertador como San Pedro, San Bernardino, como Candelaria, como El Recreo, El Paraíso. No es un problema de Baruta; es un problema del Hatillo en cierta parte y también es un problema de sectores del municipio Sucre, como Leoncio Martínez.

El principal problema de la clase media aquí. El mundo va hacia la pauperización de la clase media, con la especulación de la vivienda. No es fácil que un profesional o una pareja de profesionales compre un apartamento; no es tan fácil. Hay que vivir alquilado, pa’empezá a juntar caballero, y mientras más uno junta más sufre y entonces uno nunca lo alcanza, el costo de los apartamentos. Entonces el Estado tiene que dotarse de una política de vivienda y un componente fundamental: no es la política de vivienda, un componente de la política de vivienda. Tienen que ser los edificios y los apartamentos que están construídos. ¡Ya!. Y que la gente los tiene alquilados, y que la gente pasa años pagando alquileres. Y entonces la gente puede ponerse una propiedad donde ha estado pagando alquileres. (aplausos)

Por eso la Alcaldía Metropolitana desarrolló una política que es correcta que es la política de la expropiación. (aplausos)

Una política correcta. Tuvo errores con relación a la política de juicio, porque se hizo masiva. Hemos debido tener una estrategia de expropiar y pagar y que el que compre vaya pagando y el que compre que va pagando lo va metiendo todo en un fondo; y tuviésemos un fondo rotativo que es lo que estamos planteando; y además iniciarse con un fondo que permitiera darle confianza incluso a la banca privada y meterla en el plan.

Sólo con política habitacional no podemos, sólo con el ingreso de la Alcaldía no se puede. Pero nosotros hubiésemos comprometido a los municipios como debe ser, a la gobernación, a la alcaldía, a política habitacional y hacer un fondo. No un fondo de vivienda; como parte del fondo de vivienda. Una porción tiene que ir a ese fondo que es para resolver el problema de los inquilinos y trazarlos como una estrategia que todo inquilino pueda hacerse propietario. (aplausos)

Puede ser una estrategia. Porque si usted es dueño, usted es dueño de un edificio o es dueño de cien edificios, usted no va a vivir en los cien edificios; ahí va a vivir otra gente, porque esa gente no puede ser propietaria de eso sin pegar un bloque porque ya está hecho el apartamento. Ese es un componente de vivienda, un componente. Claro la Alcaldía lo hizo por la realidad y la desesperación que tenía frente a los problemas; tenemos que resolver ese problema.

Pero también el congelar los precios, los alquileres, abrió las agallas de los dueños. Entonces buscan de sacar la persona que está alquilada para alquilárselo a otro más caro, y allí es donde el Estado tiene que intervenir para garantizar por la fuerza del Estado; proteger al más débil. ¡Eso es! Yo me metí a fondo en el problema y digo que ese es uno de los problemas fundamentales.

El desalojo, mira, es inadmisible en este momento. Por eso yo he estado acompañando algunos; es más, he llevado heridos. En estos días llevé a un compatriota que estaba desfigurado por la policía. Lo acompañé a la Fiscalía y después lo acompañé a la clínica popular de Catia donde fue que lo curaron y era de por allá de Santa Mónica la cosa.

Vean, porque además servicios públicos como la salud están absolutamente privatizados en estas comunidades. Además servicios como la educación están privatizados. Tiene razón la Jefe de Distrito; entonces nosotros necesitamos garantizar la salud pública en estos espacios. (aplausos)

Nosotros necesitamos una política de vivienda que toque el sector de inquilinos (aplausos)

En estos momentos estamos en una situación que la tenemos en la mano y que hay que abordarla; yo no puedo esperar ganar la Alcaldía para abordar el problema. (aplausos)

Y por eso yo me reuní con la red de inquilinos y hablamos con el Vicepresidente, Carrizales, con Rodríguez Chacín para montar una Mesa en la Vicepresidencia, que comenzó a trabajar hace dos semanas. Le pedimos a la Presidenta del Tribunal Supremo que nos incorporara en esa mesa a algunas de los Magistrados de la Sala Social e incorporaron a la Vicepresidenta de la Sala Social; le pedimos a Luisa, la Fiscal, que nos incorporara e incorporó a la presidenta a la Fiscal Superior de la fiscalía superior; le pedimos a Gabriela que nos incorporara a un Defensor con dominio del área; y a Cilia que nos incorporara a Diputados que vienen trabajando en la Ley, allí están los Poderes Públicos.

Al Director de Inquilinato lo incorporamos; le pedimos a la Alcaldía que FUNVI que tiene que ver con esto, se incorporara; que se incorporara el Procurador Metropolitano, está incorporado; que se incorporara el Comisionado Nacional de Policía, para controlar desde esa mesa la actuación de las policías que a billetazo limpio, muchas veces, desacatan el que tiene una orden la Metropolitana de no participar en los desalojos, sin embargo a un Comisario, por ahí le dan billete y se presta a golpear y acompañar y atropellar a la gente, está incorporado el Comisionado Nacional de Policías en la mesa.

Invitamos a APIUR; invitamos a la Cámara Inmobiliaria; invitamos a la Cámara de Bienes y Raíces y se instaló con la Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Interiores y ahora le pedimos a “Farruco” que se incorpore el Ministerio de Vivienda y Hábitat.

En la Mesa hicimos una Agenda que tiene que ver con la vivienda como un Derecho Humano fundamental para que primero le demos categoría de Derecho. (aplausos)

Como lo establece la Constitución. Además de ser un Derecho Humano fundamental; ahora hay un sistema de seguridad social que contempla la Constitución, donde la vivienda es un componente de la Seguridad Social y hay que darle ese rango, vean ustedes. Ahí incorporamos a la red de inquilinos y la Concejal (Mireya Bolett) está incorporada. (aplausos)

Nosotros tenemos que ver ¡todo! lo que tiene que ver con este problema; un problema bien complejo que no tiene una sola óptica.

Hay una confrontación de intereses que, sin afectar la propiedad, podamos garantizar el Derecho de los inquilinos a ser propietarios de la vivienda. Para eso interviene el Estado con las leyes. La expropiación es un instrumento legal y el componente política habitacional y el Derecho a la ciudad; por eso tenemos que ventilarlo como un Derecho para que quede clarito, en la mesa. Debe quedar perfectamente claro igualmente los delitos que se cometen desde los traspasos millonarios, ¡hay traspasos de 150 millones, un traspaso, imagínate tú! ¿tú sabes lo que es pagar 150 millones por un traspaso? Y lo hacen.

Desde el Juez más corrupto que se vende, que no son todos; hay Jueces muy probos. Pero hay quien se preste para lesionar los derechos de un inquilino frente a un tipo que tiene billetes o también la actuación policial puede entrar en corrupción ¡pagándole! Porque ahí insurge todo un negocio inmobiliario.

La compatriota decía ahorita, ¡me robaron! ladrones de cuello blanco, se llevaron mis muebles, etc. Ahí hay un tremendo negocio y unas tremendas depositarias que son los que cobran ¡millones! a los dueños por guardar los corotos ajenos y hay quienes tienen flotas de camiones de mudanzas que cobran millonariamente cuando hay un desalojo. Eso es todo un negocio, toda una red de negocio; eso hay que escudriñarlo y lo estamos discutiendo en la mesa.

Ahora nosotros necesitamos, no solamente abordar los desalojos, en dos formas, una (1) en la mesa plantearnos, se lo hemos planteado a la red, se lo hemos planteado, perdón, a los propietarios, en sus distintas organizaciones, tanto APIUR, como la Cámara Inmobiliaria, como a la Cámara de Arrendatarios, le hemos planteado, ¡miren! nosotros en este momento podemos llegar a un acuerdo de paralizar los desalojos, temporalmente, paralicémoslos y se paralizan del otro lado temporalmente las expropiaciones , mientras estemos en una Mesa para ponernos de acuerdo.

Hay algunos que ya están avanzados con la cosa judicial y el Poder Judicial es autónomo.

Sin embargo, le pedimos a la Sala Social que estudiara esos casos desde el Tribunal Supremo de Justicia, para conversar y paralizar los procesos mientras estamos en una mesa; porque cuando los problemas son sociales la ley tiene que tener la flexibilidad en su aplicación y ese es el contenido social del derecho. Si el derecho no tiene esencia en lo social a nosotros no nos sirve, estamos en esa mesa. Hoy estuvimos trabajando en la mañana y dijimos, al mismo tiempo, la red de inquilinos tenía una propuesta de un Decreto y le dijimos hay (2) opciones o nos ponemos de acuerdo en una mesa para frenar temporalmente los desalojos o nosotros vamos avanzando en el Decreto que congele los desalojos (aplausos)

Y estamos transitando los dos caminos, (1) en la Mesa, (2) ya revisó el Vicepresidente el Decreto y se lo entregamos a la Procuradora que lo está estudiando, tiene que verlo muy bien la Procuradora, porque un decreto lo firma es el Presidente de la República y entonces la Procuradora está revisando; no vayan a decir que es inconstitucional, que choca con tal cosa.

Tienen que ponerse de acuerdo los Poderes Públicos, etc etc.

Entonces, está andando el proyecto Decreto en manos de la Procuradora, de la Doctora Gladys. Pero, eso nos frenaría temporalmente, hasta que se apruebe la Ley. Tenemos que meternos en la Ley y tenemos que ir al fondo del problema que es resolver la negociación entre los inquilinos que están en apartamentos que han sido expropiados, pero que no se ha podido ejecutar porque no se ha cancelado, verdad, para buscar una negociación.

¿Cuál es la traba? La traba es el precio, lo que se llama el Justiprecio; tenemos que buscar el precio Justo, porque tú no me vas a vender un apartamento que tiene 60 años por el precio del mercado hoy, (aplausos)

¿Entiendes? Bueno, nosotros tenemos que decirles a ellos con mucho respeto, Compatriotas, ustedes tienen su Derecho, lo que no tienen el derecho es a ser agallúos ni tienen el derecho a especular (aplausos)

No que la ley, que la Ley, bueno más allá de la Ley está una Mesa para conversar ¿ustedes están dispuestos a vender? Sí, los inquilinos están dispuestos a comprar? Sí.

Entonces, vamos a ponernos de acuerdo ¿Dónde está el rollo? En el precio! Vamos a ponernos de acuerdo en el precio, vamos a discutir lo del precio y la discusión de los precios es lo que nos puede decir ¿Cuánto? porque eso está calculado, está calculado, los avalúos, hay unos avalúos que los tiene la Alcaldía pero el dueño no se cala esos avalúos. Vamos a la ley, vamos a sentarnos.

Hicimos una propuesta, asumimos, dijimos: vamos a agarrar 40 edificios, de ensayo, que escojan, se sientan en una mesa, la Alcaldía, los inquilinos, en nombre de la red, y sin salirse del marco de expropiación; con el marco de expropiación se sienten con 40 edificios a discutir precios, a discutir el Justiprecio ¿Por qué? Porque necesitamos por lo menos tener una respuesta de un bloque. No pueden ser diez, no pueden ser ocho, tiene que ser un número considerable, porque lo que aspiramos es que si se llegase a tener una visión de unos 40 edificios, y eso cuesta tanto; porque, no vamos a tener el monto total de todos los edificios expropiados, no los tenemos.

Entonces, nosotros pudiéramos perfectamente buscar el financiamiento para darle el apoyo a los inquilinos y luego hacer un fondo rotativo con lo que paguen los inquilinos. Todos los recursos que tengan en la política habitacional no lo van a hipotecar en una sola componente de la política de vivienda, pero una porción de política habitacional podría destinarse, por eso buscamos un monto, una cantidad de edificios determinados, que nos permita ayudar y apoyar al financiamiento de los inquilinos y los inquilinos van a pagar y con su pago va un fondo y ese fondo pueda utilizarse para apoyar a los otros y se haga un cronograma en forma progresiva esa es la idea pero tenemos que ponernos de acuerdo con un número determinado al principio pero con Justiprecio, porque en nombre de la necesidad de la gente el Estado no se puede dejar estafar para apoyar a la gente, así la gente lo vaya a pagar el Estado no se puede dejar estafar.

Y el Estado va a apoyar a la gente. Si nosotros logramos la confianza nosotros podemos comprometer a otros bancos. ¿Por qué? porque todos los bancos privados también están obligados a tener una cartera de vivienda pero los intereses de la banca privada son los mismos intereses de los dueños de los edificios porque muchas veces son ellos mismos, son los mismos banqueros los dueños de los edificios si no hay acuerdo entre las partes la banca privada no va a funcionar por eso tenemos que obligar el acuerdo en la Mesa y no voy a dar más detalles.

En todo caso allí hay una estrategia que tenemos que abordar. Yo tengo conciencia, y lo voy a decir aquí, de la urgencia del problema. Si no lo solucionamos todo, por lo menos que arranque una solución aun cuando esa solución tenga plazo que haya un cronograma que el último expropiado sepa cuando le va a tocar al dueño cobrar y cuando le va a tocar hacer su negociación al inquilino y dónde le va a salir el apoyo del financiamiento para el que no lo tenga. Esas cosas nosotros tenemos que tenerlas, y tenemos que tenerlas claras (…)” sic

Nota de redacción: según nos informan, en la mesa se habló como primera opción de punto de discusión: “Detener temporalmente los desalojos y no afectar temporalmente más edificios” como contraparte mientras dure la discusión de la mesa.

miércoles, 16 de julio de 2008

VIVIENDAS

Publicado en el Diario VEA,
miércoles 16 de julio de 2008 - Editorial pág.7

El enorme déficit de viviendas es una de las más pesadas cargas heredadas por la revolución bolivariana por más de cuarenta años de gobierno sin capacidad gerencial, pero sobre todo sin preocupación por los requerimientos de las capas pobres de la población. Multitud de ministros, institutos y funcionarios consumieron cuantiosos presupuestos sin más resultados que el crecimiento de una voraz burocracia amamantada al amparo de una de las necesidades más apremiantes de la familia venezolana.

Los planes de vivienda de la vieja política nunca tomaron en consideración el crecimiento de la población. Cada año, miles de nuevas solicitudes se sumaban al acumulado convirtiendo el déficit de viviendas en una gigantesca brecha cada vez más difícil de cubrir.

Al llegar Chávez a la Presidencia de la República se encontró con la más completa ausencia de una certera política de proyectos habitacionales y, en paralelo, una agresiva presión social de centenares de miles de venezolanos y venezolanas carentes de viviendas.

La creciente demanda de viviendas pasó a estar en el tope de las exigencias populares, con el agravante de multitud de barrios mal construidos en zonas de alto riesgo, lo que requiere soluciones urgentes. El problema se complica por la insuficiencia en la producción de los insumos necesarios para la construcción, sus altos precios y los problemas de la dotación de los servicios necesarios.

El Gobierno Revolucionario está haciendo un esfuerzo gigantesco para atender la demanda de viviendas en un país de acelerado crecimiento demográfico y de una desordenada urbanización. Habrá que acudir a soluciones que incorporen masivamente a la población. La carga es demasiado pesada para asumirla exclusivamente el Estado.

En otros países se han ensayado planes de construcción de viviendas con participación de cooperativas supervisadas, programas de autoconstrucción, incentivos para la iniciativa privada, financiamiento de proyectos de organizaciones sindicales y consejos comunales, algunos de los cuales podrían evaluarse para aplicarlos en el país de acuerdo con las peculiaridades venezolanas.

No hay mucho tiempo para ensayar porque cada año aumenta más la demanda de viviendas, crecen los barrios en condiciones deplorables y se extiende la presión social y política de los sin techo.

lunes, 14 de julio de 2008

¿Una casa?



Publicado en todosadentro – Sábado 12 de julio 2008
semanario cultural de la República Bolivariana de Venezuela
Farruco Sesto

¿Una casa? ¿Es algo más que un recinto con facilidades? ¿Es algo más que una solución a un requerimiento?

¿Cuándo se habla de vivienda, se está hablando de casa, al mismo tiempo? ¿Quiere decir lo mismo?

¿Qué es una casa para un niño? ¿Cómo recuerda un adulto la casa (o las casas) de su infancia? ¿Le sacude el alma el recuerdo?

A mi me da una oleada de nostalgia cuando cierro los ojos y recupero los seis años. ¿Tienen importancia los colores, los objetos, los ruidos, los aromas, los árboles, los alrededores?

¿Hay un patio? ¿Alguien recuerda algún patio de su infancia? ¿Y una ventana, una cierta ventana, un escondrijo, un mueble determinado?


¿Se le puede decir hogar a toda vivivienda, si que parezca una exageración?


La vivienda de los constructores ¿es la misma casa de los poetas? ¿El constructor ve la casa del mismo modo que el que la canta? ¿Por qué si o por qué no?


¿Guarda fantasma la casa? (quiero decir fantasmas nobles, figuras que ya no están sino en nuestro corazón, tal vez una abuela, algún personaje familiar un antiguo visitante) ¿Están allí todavía?


¿Es amable la casa? ¿Tiene algún tipo de personalidad? ¿Está adaptada al clima, al lugar, a la cultura de sus habitantes? ¿Es fresca en el calor? ¿Es abrigada en la lluvia?

¿Nos dice algo? ¿Sientes que ella te enriquece? ¿Sientes que ella se lleva bien con las otras casas vecinas?


¿La casa del pobre puede ser tan hermosa y entrañable como la del rico?

Y hablando de hermosura, ¿la belleza está reñida con la racionalidad? ¿Pueden acoplarse?

Lo que la casa, por alguna razón, no puede ofrecer ¿se lo delega al espacio público? ¿Se entienden uno y otra? ¿Pueden complementarse?

¿La casa es digna de este tiempo, como debiera?

¿Tiene virtudes de antes y del mañana? Es decir ¿Trae antiguas resonancias y al mismo tiempo habla el lenguaje contemporáneo? ¿Nos reconocemos en ella?

En fin…


Hoy atardecí borroneando estas cuantas preguntas desordenadas, un poco incoherentes, tal vez banales y anotadas a la carrera, que a uno se le ocurren cuando oye hablar de “Soluciones habitacionales”.

Pienso que, ante la tarea de construir cientos de miles de viviendas, es importante reflexionar un poco sobre la casa y, particularmente, sobre esa casa de todos a la que llamamos ciudad.

domingo, 13 de julio de 2008

¡No al desalojo forzoso!


Publicado en el Semanario TEMAS el día Viernes 11 de julio de 2008

Maglene Sierraalta

En la actualidad, Internet nos permite informarnos acerca de lo patético del desalojo forzoso a nivel mundial. Africa es el Continente que más ha sufrido en materia de desalojos inhumanos. Arreciados desde el 2000, más de tres millones de personas han sufrido esta vergonzosa práctica.

Amnistía Internacional acusa a la Iglesia Católica de estar implicada en los desalojos forzosos en Angola. Relatos como el siguiente “Los desalojos llevados a cabo en los barrios de Cambamba I y Banga Wé se caracterizaron por actos de violencia. En Cambamba I, un guardia de una empresa de seguridad privada disparó su arma automática en semicírculo alrededor de los pies de un niño que trataba de huir. A continuación, el guardia y siete policías rodearon al niño y le propinaron golpes y puntapiés. La policía interrogó y amenazó a miembros de la organización internacional Oxfam porque, según informes, estaban tomando fotos de los hechos. Varias mujeres fueron detenidas. Las que se resistieron a la detención, entre ellas una mujer que llevaba un niño a la espalda, fueron arrojadas al suelo y golpeadas.”

Violencia policial; a diario reportada por las organizaciones internacionales, opuestas a la práctica del desalojo forzoso violatorio de los Derechos Humanos.

Recientemente se denunció un intento de desalojo en Colinas de Bello Monte. Nueve familias de la Quinta 24 de mayo se salvaron de esta práctica, gracias al grupo de inquilinos que apoyaron a las familias. Hubo violencia y sangre. Un caso más de tantos.

En el Centro Comercial Los Cortijos de Lourdes, piso 3, donde se ubican las oficinas de los Distribuidores de Expedientes, existen “n” cantidad de Expedientes con Resoluciones de Contrato. Al vencer éstas, si el inquilino no desocupa, vendrá su posterior juicio de desalojo con medida preventiva de secuestro. Dura lex, sed lex.

El inquilino se niega a desalojar el inmueble, como una consecuencia del grave déficit de viviendas, heredado a través de la historia venezolana. Nos enfrentamos, en un futuro muy cercano, a “n” número de batallas antidesalojos globalizadas.

Desde 1928 se intenta paliar el déficit de viviendas. Sin embargo, éste persiste e inclusive aumenta. ¡Es lógico! Nuestra población crece geométricamente y la penuria de viviendas también.

El nuevo Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat en su política revolucionaria de industrializar la construcción de viviendas, necesitará apoyo. Deberá cubrir desde el clavo y los ladrillos hasta el bombillo que alumbrará el nuevo hogar.

Soy inquilino

Publicado en el Semanario TEMAS
el viernes 12 de octubre de 2007

Quien no lo siente, no lo puede ejecutar”
Juan Legido
Luis Alberto Matos

Durante toda mi existencia he sido inquilino. Cada vez que llega el final del mes, pago un derecho por ocupar un espacio, un hábitat y un sitio para los míos. Y creo firmemente que hago lo correcto.

No estoy en absoluto de acuerdo con lo que al respecto escribió el filósofo Pierre Joseph Proudhon. Me parece increíble que la misma persona que acusó: “Cualquier tipo de propiedad es un robo”, luego pueda afirmar que “La abolición de la vivienda de alquiler es una de las aspiraciones más fecundas y más elevadas”, introduciendo así el principio de la propiedad colectiva de la vivienda, antecesora de la actual especulación en las ventas de propiedad horizontal.

No veo ninguna utilidad en firmar un contrato que me amarraría, de por vida, a pagar no sé cuánto, ni por cuánto tiempo. ni por cuáles causas, a no sé quienes. Y lo peor de todo es que, en tal caso, no me ataría a mi solito.

Quienes me heredasen, mi compañera, mis hijos y hasta mis nietos, inocentes del chimbo negocio que hizo su esposo, su papá o su abuelo, tendrían que seguir pagando (ad eternum, ten la seguridad) una deuda que ni siquiera puedo decir que es mía, que no puedo hacer de ella lo que me convenga, y que ni siquiera me puedo llevar el objeto adquirido para ninguna parte.

“Y hasta mi alma se la debo al patrón” sonaba aquél lamento que un afrodescendiente cantaba a mitad del siglo pasado, denunciando al mundo que aún seguía siendo un esclavo. Sólo que sus cadenas de hoy son aún más fuertes que las que sus antecesores trajeron desde su continente hace ya varios siglos. Al liberarlo, no le dijeron que tendría que seguir trabajando para pagar una fracción del espacio que ocupó su antecesor.

Desde hace más de un siglo se ha incrementado esta idea de resolver el problema de la vivienda exclusivamente por intermedio de un proceso de compra. Perfectamente entendible cuando me lo dice el vendedor. Pero ¿como aceptar que la gran mayoría de los gobernantes crea que es la única solución?

Si en un acto que sólo puede ser “historia-ficción”, se me permitiera reunir a todos nuestros gobernantes, incluyendo principalmente Diputados de la Asamblea Nacional, Ministros del Gabinete, Gobernadores y Alcaldes, y les solicitara “Favor levantar la mano aquellos de ustedes que sean inquilinos” ¿Cuál sería el verdadero porcentaje de manos levantadas?

¿Cuántos de ellos entonces sienten de verdad el problema? ¿A cuántos los han amenazado, tras décadas de vivir en un edificio viejo, con echarlos a la calle a pesar de haberles incrementado “ene” veces el canon de arrendamiento? ¿A cuántos de ellos les han cortado el agua, la luz y hasta el derecho de estacionar? ¿Cuántos de ellos de verdad saben que hay propietarios de centenares de apartamentos alquilados que, evidentemente, no los requieren “para sus familiares directos”?

Es insólito que el arrendamiento esté fuera del sistema de proyectos de vivienda a nivel nacional, en detrimento de la familia. Urge reconocer y proteger a la figura del Arrendamiento como una solución alterna y válida.

Seguiré siendo inquilino. Y como yo, seguirán muchos. Ni el Estado, ni el Gobierno, ni la oposición, ni el mercado, podrán quitarme mi derecho a defender mi futuro, y el de los míos, contra ese monstruo de mil cabezas que los tiene convencido que todos debemos trabajar para él.

Menos mal que al Presidente Chávez le gustan las matemáticas. El sabe que con las escasas cifras que le informan sobre los avances de la construcción de viviendas ni siquiera se mantiene la escasez al mismo nivel. El sabe que las ya construidas son parte de la solución. El sabe que el latifundio inmobiliario es una realidad. El sabe que mucho dinero mal habido está convertido en espacios que ni son vendidos, ni arrendados, ni cedidos, a la espera de no se sabe, pero que si se sospecha qué. El bien sabe que la solución no está en convertirnos a todos en esclavos vitalicios.

jueves, 10 de julio de 2008

¿Qué es justicia?



Ismael Enrique Ramírez

Caracas.- En estos momentos, cuando Venezuela mantiene una lucha en defensa del cambio hacia un sistema socialista, impulsado desde sus inicios por nuestro Presidente Hugo Chávez Frías, nos encontramos desafortunadamente con un Poder Judicial donde existen funcionarios y jueces que tienen sus sentimientos divididos en dos almas: una hacia el camino que quiere el Presidente y otra, muy deprimente, donde le dan una puñalada por la espalda al socialismo y dañan las políticas que se quieren implantar.

Son enemigos que utilizan un cargo para consumar fechorías, dirigidas por jueces corruptos y sin moral, que utilizan su investidura para golpear y atropellar el pueblo. Esta problemática la sienten los inquilinos, quienes se sienten desasistidos y violados en sus derechos humanos. Es un negocio capitalista que no tiene contemplación con los derechos humanos; desalojan familias inquilinas sin importar si hay mujeres, niños o ancianos; aumentan los cánones de arrendamiento aunque existe una congelación y hasta venden el mismo apartamento a más de un comprador.

Buscamos una solución socialista para defensa de nosotros: los inquilinos venezolanos. Las constantes presiones psicológicas y maltratos hacia nosotros, cuando los jueces meten presos a vecinos que apoyan un desalojo por no permitir satisfacer sus intereses; con medidas de violación a los derechos humanos y presentación cuando el juez lo decida, amparados por una policía que se presta para golpear a niños, mujeres y ancianos.

Estos jueces, que pasan por encima decisiones y mandato Presidencial y del Ministro de Justicia, utilizan el cargo que ocupan como jueces en los tribunales ejecutores, para sacar a familias a la calle mediantes desalojos forzosos. Son medidas anticonstitucionales, contra familias venezolanas que tienen al día sus pagos mensuales. Violentan y amenazan constantemente el desalojo, donde se viola el derecho a la vida privada y seguridad del hogar, a la educación, al trabajo, a la salud de los niños y de la mujer, a la libertad personal y al derecho de acceder a la información.

Estos jueces, soportados por sus amigos, los latifundistas de concreto, capitalistas que humillan al pobre para fortalecer sus arcas de dinero que con su poder económico, pasan por encima cualquier postura del gobierno e intentan fracturar la posición del sistema socialista. Este poder económico, donde los jueces parecen ser dueños de las depositarias, utilizan a personas como testaferros en los desalojos, sin hacer ningún inventario de las pertenencias del inquilino.

A los inquilinos se nos viola el derecho a la correspondencia porque al llegar el desalojo las familias en su mayoría no están notificados que tienen un juicio. No se identifican, ni dejan actas del procedimiento.

Estos latifundistas de concreto utilizan su poder para sacar los inquilinos con la intención de construir Centros Comerciales, hoteles y otras modalidades más rentables. ¿Dónde quedan la antigüedad arrendaticia de estas familias que han pagado dos, tres y más veces el valor del inmueble?. Su ataque principal es hacia los edificios viejos, con 20, 30, 40 y más años de construcción. ¡No les son rentables!.

Es muy injusto que esto suceda con la vivienda, prioridad de primer grado. Tiene que existir protección avalada por la Constitución en su Art. 82, Art. 62 de los Derechos Humanos y Art. 11 párrafo 1, 4, 7 y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No les importa desalojar injustamente a familias porque su justicia es favorable a los burgueses. El pobre va a Inquilinato y la posición de los funcionarios es de burla a la persona que solicita apoyo. Pero si es rico, lo tratan como un rey. La pregunta es: ¿Dónde esta la justicia y los derechos humanos?.

Solicitamos al Gobierno crear una política de estado emergente para proteger a los inquilinos. Necesitamos protección e inmovilidad inmobiliaria. Es necesario asignar fiscales, a través del Ministerio de Justicia en el área de inquilinato, para que sirvan de mediadores entre las partes y puedan supervisar la buena-pro de las medidas. Quizás así no habrán más abusos, golpes y excesos policiales en contra del pueblo; y se respetarán las pertenencias de las familias y la antigüedad del inquilino.

Pero lo que más deseamos es que no existan más desalojos forzados en ninguna parte de Venezuela y que exista la conciliación entre las partes, con un Poder Judicial limpio. Para lograrlo, debemos crear e implementar sanciones muy duras contra esos jueces.

¡INMOVILIDAD INQUILINARIA, PODER POPULAR Y JUSTICIA!

isma_enrique@gmail.com

sábado, 5 de julio de 2008

El capital y la vivienda

Artículo publicado en el Semanario TEMAS de Venezuela - Opinión - del 4 al 10 de julio de 2008


Maglene Sierraalta

Debemos ser honestos. Desde tiempos bíblicos, tenemos tropiezos para acceder una vivienda adecuada y digna.

Vigente aún, Engels relacionaría al problema directamente con el crecimiento geométrico de la población, las fuentes de trabajo y las comodidades que todos deseamos en servicios públicos vitales.

El déficit de viviendas crece continuamente; todos los gobiernos han colocado parches multimillonarios. Desde 1928, se aplican políticas gubernamentales que convierten al obrero en propietario. Se insta el regreso de la población al campo. Las directrices en las grandes ciudades han sido sanear los barrios. Proyectos para el ciudadano futuro, pero no soluciones para el colectivo que sufre la penuria de vivienda en forma inmediata, especialmente en Caracas.

El Inquilino es el otro actor de la problemática. Engels lo define como una persona pudiente; es quien pretende el uso temporal de la “cosa”. Aún siendo obrero tiene como pagar la renta.

En Venezuela no es así. En la zona metropolitana de la Gran Caracas existe una altísima población inquilinaria que ha tomado como asiento de hogar las hoy vetustas y depreciadas edificaciones. Inmuebles en los que sus propietarios sólo ven el Capital que debe generar la renta especulativa que ellos aspiran, olvidando el carácter Social de la vivienda.

Cuando analizamos la misma situación desde el punto de vista del Capital, nos encontramos con un choque: el Capital busca interés; desea les satisfagan sus aspiraciones. En materia de vivienda, el capital es un escollo para el proletariado. Al sistema capitalista no le conviene acabar, ni minimizar la penuria de la vivienda. Los capitalistas no quieren y el proletariado no puede.

Existe una población mayoritaria con ingresos limitados, que pueden aumentar progresivamente o por un golpe de suerte; pero también le pueden bajar en la medida que crezca su familia y aumenten sus necesidades. Son pequeños burgueses necesitados de vivienda que requieren la ayuda del Estado.

El recién nombrado Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Farruco Sesto, expuso sus próximas líneas estratégicas en esta materia: la máxima industrialización de la construcción.

Son políticas revolucionarias hacia la masificación de viviendas a nivel nacional, a un costo acorde con los ingresos familiares y la capacidad de ahorro de la población.

La solución de la problemática de la vivienda requiere voluntad política a corto, mediano y largo plazo. En Revolución debe prevalecer lo Social sobre lo legal y lo económico.


Elogio de una cierta paciencia

Farruco Sesto
(artículo publicado en “todosadentro” – Criterio - Sábado 5 de Julio 2008 Semanario Cultural de la República Bolivariana de Venezuela)

A todas las personas que en estos días me han llamado, que me han escrito a mi correo, que me han entregado papeles o que, encontrándose conmigo en alguna situación, me han planteado su necesidad de vivienda y las dificultades para cubrir esa necesidad, les pido, por favor, un poco de paciencia.

Pero ¿qué tipo de paciencia? Bueno, les pido paciencia revolucionaria.

¿Qué quiere decir paciencia revolucionaria? Quiere decir aquella que mantiene la tensión, pero con una cierta tranquilidad, la que no se apoya en un estado de ánimo, ni mucho menos en una actitud de apocamiento o resignación, sino en la confianza de que el Gobierno bolivariano, con la participación protagonista del pueblo, va a ser capaz de dar solución a los grandes problemas colectivos.

Les pido aquella paciencia que no se entrega a los caprichos del azar, sino que toma partido en la construcción de la respuesta, pero sabiendo la magnitud de la empresa que se está acometiendo. Es decir, aquella que se dota a sí misma de una visión integral para trascender las fronteras de su legítima angustia.

Hay que entender que es imposible resolver cada caso, uno a uno, individualizándolo, atendiéndolo, por mucho amor, por mucho compromiso que se le ponga. Pues estamos ante un problema de inmensas dimensiones. De modo que, en este momento nadie tiene un racimo inacabable de viviendas para irlas adjudicando a fin de aliviar el drama de cada familia. ¡Qué más quisiera uno!

Es necesario comprender que por ese camino y con esa expectativa, la cosa no va a funcionar.

¿Cómo es, pues, que vamos a lograrlo? La única manera es utilizar la voluntad política para terminar de darle forma a las grandes políticas de Estado que debemos poner en práctica entre todos. De tal modo más temprano que tarde veremos cómo se van superando las necesidades. No estamos en cero. Es mucho lo que se ha avanzado, aunque no tanto como para cubrir las expectativas. Tampoco puede decirse que lo hemos hecho siempre en la dirección correcta. Unas veces sí y otras no.

Nos toca hoy destacar los aciertos para proseguir en ellos, y rectificar los errores. En lo personal estoy convencido de que muy pronto con esa paciencia revolucionaria, solidaria y activa, el problema de la vivienda en Venezuela dejará de serlo. Si hay alguien que pueda resolverlo es, justamente, el Gobierno del presidente Chávez.

¡Que siga la revolución!

Solidaridad con la vivienda familiar


COMUNICADO DE SOLIDARIDAD DE LOS CTU CON LA RED DE INQUILINOS
Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana

Desde horas de la mañana de ayer 30/06/2008 se presentó un Tribunal de Control junto a la Policía Metropolitana y la Policía de Baruta en Bello Monte, a ejecutar una medida de desalojo a 9 familias inquilinas. Las acciones represivas de las autoridades no respetaron personas mayores ni a los niños presentes. Gracias a la acción solidaria de la Red de Inquilinos del Poder Popular, quienes se movilizaron en solidaridad con estas familias, y la presencia de Venezolana de Televisión y otros medios que cubrieron el incidente, se evitó que 9 familias quedaran en la calle. Sin embargo es necesario denunciar la REPRESIÓN UTILIZADA POR LAS POLICÍA DE BARUTA Y POLICÍA METROPOLITANA, quienes privaron de libertad a tres integrantes de la Red de Inquilinos, acusándolos injustamente de agresión y obstrucción en el procedimiento. Eso lo podemos traducir como "LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES"

A través de este comunicado queremos expresar nuestro más profundo repudio a las acciones represivas de la Policía Metropolitana y Policía de Baruta, condenamos la PRETENSIÓN DE "CRIMINALIZAR LA SOLIDARIDAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS". Así mismo exigimos la libertad de Hernán Cortez, Ricardo Medina, detenidos en la Zona 7 de la Policía Metropolitana y de Asdrúbal Ugas detenido en la Policía de Baruta, todos integrantes de la Red de Inquilinos del Poder Popular.

Hacemos un llamado al Ministro Chacín para que evite la participación de la Policía Metropolitana en actos violentos de desalojo de familias, que en su mayoría son inquilinos que habitan apartamentos desde hace más de 10 años, y que ahora los latinfundistas urbanos en complicidad con jueces al servicio de la especulación inmobiliaria, actúan contra familias honorables, para echarlos y lograr cambiar de uso y aumentar los alquileres de los apartamentos, en una acción de especulación y usura que atropella los derechos sociales y humanos de miles de familias. NO ES POSIBLE QUE EN REVOLUCIÓN LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA ESTÉ POR ENCIMA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES.

"Cuarenta años de malas políticas en materia de vivienda han dejado en la esclavitud de un alquiler perenne a miles de familias donde sus miembros han envejecido viviendo bajo la figura de arrendatarios, siempre bajo las ordenes de un propietario omnipotente al que hay que obedecer y agachar la cabeza, para evitar un desalojo. Hoy LOS INQUILINOS se organizan, son más de 5.000 familias de clase media organizadas en una red de solidaridad y apoyo mutuo, para evitar que sus hogares sean violados por la más salvaje demostración del capitalismo, "EL DESALOJO".

QUEREMOS REITERAR NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO A LA RED DE INQUILINOS DEL PODER POPULAR, REPUDIAMOS LAS ACCIONES VIOLENTAS Y REPRESIVAS DE LAS AUTORIDADES POLICIALES Y JUDICIALES, CONDENAMOS A LOS LATIFUNDISTAS URBANOS QUE PRETENDEN VIOLAR LOS DERECHOS SOCIALES Y HUMANOS EN NOMBRE DEL CAPITAL Y EXIGIMOS LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS HERNÁN CORTEZ, RICARDO MEDINA Y ASDRÚBAL UGAS. QUEREMOS DECLARAR NUESTRA DISPOSICIÓN A LA MOVILIZACIÓN POPULAR, PARA ACOMPAÑAR EN LA LUCHA A LA RED DE INQUILINOS, PORQUE PARA LOS COMITÉS DE TIERRA URBANA SOLO EXISTE UNA LUCHA, LA DEL PUEBLO POR SU LIBERACIÓN.

PATRIA SOCIALISMO O MUERTE
VENCEREMOS

Caracas Julio de 2008
(resaltado es de ASOCIB)

viernes, 4 de julio de 2008

Aristóbulo y Jorge asumen el problema inquilinario




Maglene Sierraalta

Caracas.- En rueda de prensa, realizada hoy 4 de julio de 2008, en la Sala Plenaria Manuel Pérez Guerrero del Parque Central, durante la reunión de Delegados y Voceros de la zona Metropolitana de Caracas, el Profesor Arístóbulo Istúriz y Jorge Rodríguez, candidatos respectivamente por el PSUV para las Alcaldías Metropolitana de Caracas y del Municipio Libertador, asumieron responsablemente la problemática inquilinaria que padecen los residentes de esta ciudad.

Arístóbulo declaró que no va a esperar a ganar la Alcaldía para proceder a tomar riendas en la situación presentada en materia de Desalojos.

Es bien conocido, las sentencias indignantes para proceder traumáticamente a mudar a las familias. Estos desalojos son consecuencia de la especulación y delitos inmobiliarios e hipotecarios. Traspasos groseros, estafas en ventas, estafas al fisco en recibos entregados a los inquilinos como comprobante de pago, son algunos de estos delitos.

Igualmente, declara Aristóbulo que asume las iniciativas de la Alcaldía Metropolitana, actualmente presidida por Juan Barreto, en materia de expropiación: “hay que buscar fórmulas para que los beneficiarios asuman la compra de los inmuebles y el Estado apoye a los beneficiarios, pero que los dueños no especulen porque el Estado no va a pagar especulación, entonces hay que discutir bien el justiprecio” “No vamos a dejar solos a los beneficiarios”.

¡Alabado sea el Señor!

jueves, 3 de julio de 2008

Ante los Desalojos conviene estar informado


Fuente: http://www.defensoria.gob.ve


Actuación de las Defensorías Delegadas en casos de desalojos a viviendas o terrenos como consecuencia de ocupaciones indebidas.

Exp. N° DD-029-02 / 21-02-2002

Las invasiones de fincas, viviendas o terrenos urbanos, tanto de propiedad pública como privada han afectado el concepto de propiedad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, situación en la cual se ve igualmente involucrado el derecho a la vivienda.

Frente a esta realidad, se producen situaciones en las que se hallan involucrados diversos intereses contrapuestos: por una parte, los derechos legítimos de los propietarios de fundos y terrenos y edificaciones privadas que han sido invadidos u ocupados y, por la otra, el derecho social a la vivienda adecuada, segura y cómoda que tienen todos los ciudadanos y que a la vez es una obligación compartida con el Estado. Ello se traduce en una difícil y ardua tarea que exige de los organismos involucrados en el conflicto, la implementación de mecanismos idóneos, oportunos y efectivos que garanticen el derecho a la igualdad y a la no-discriminación, en defensa de la dignidad de las personas, la titularidad y el uso de los bienes.

Ahora bien, cuando de conformidad con lo preceptos legales, sea necesaria la práctica de un procedimiento de desalojo, el Estado debe proceder con cautela y respeto de las obligaciones internacionales contraídas. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, de defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales y en los casos en los cuales sea menester hacer observaciones y requerimientos a los órganos ejecutores de tales medidas, debe tener en cuenta los siguientes particulares:

En aquellos procedimientos de esta índole en que se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, así como mujeres y ancianos, debemos tomar en consideración que es necesario otorgarles una protección especial en los momentos en que se practiquen los desalojos, por cuanto constituyen grupos que se ven afectados en medida desproporcionada, debido a su alto grado de vulnerabilidad. Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala en su Observación General No. 7 (1997), que las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales imponen a los gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación.

Por otra parte, debe garantizarse además, la existencia de un sitio provisional de refugio para las personas que han sido desalojadas, así como su traslado al mismo, como consecuencia de los actos de ocupaciones indebidas que hayan practicado. Ello se deriva del derecho a la vivienda que propugna el artículo 82 de nuestra Ley Fundamental, así como los tratados internacionales de derechos humanos. Sobre este particular, el CDESC en la Observación General No. 7 (1997), supra aludida, señala en su párrafo 16 que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo debe velar por que los órganos ejecutores de los desalojos, garanticen el traslado de los bienes muebles pertenecientes a los ocupantes ilegales a un depósito provisional, donde puedan ser resguardados mientras se soluciona su problema habitacional, de manera que los mismos se conserven en idéntica situación en que se encontraban para el momento del desalojo. Esto, por cuanto a menudo las personas desalojadas no solo pierden lo que consideraban su hogar, sino que también se ven obligadas a abandonar sus efectos personales y sus bienes.

De lo anterior se deriva también, que los Defensores Delegados Estadales deben solicitar a los jueces de ejecución, así como a la autoridad administrativa respectiva, la necesaria notificación a la Defensoría del Pueblo de los actos que decreten la práctica de desalojos, por lo menos, con ocho (8) días de anticipación, a los fines de garantizar la presencia de esta Institución en cumplimiento de su labor en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Similar solicitud habrá de formularse a las autoridades administrativas del Estado respectivo, en sus distintos niveles.

En general, la forma como se llevan a cabo muchos desalojos, no obstante las directrices internacionales vigentes, contribuye de modo significativo a las dificultades que el proceso entraña de por sí para los afectados.

En tal sentido, es menester acotar lo señalado en los puntos 14 y 15 de la Observación General No. 7 (1997) emanado del CDESC, antes citada:

"/(...)/ 14. Cuando se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad.(...)/ 15. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos. El Comité considera que entre las garantías procesales que se debería aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;(...) d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales." (Subrayado nuestro) (resaltado asocib)

Además, tal como lo señala la misma Observación General No. 7 del CDESC en su punto 13, antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".

En este orden de ideas, la presencia de la Defensoría del Pueblo en los procedimientos de desalojo no está llamada a avalar la violación de un derecho en defensa de otro, por ello, deberá velar y mediar a los fines de que los desalojos no sean practicados por la fuerza, teniendo como norte, las observaciones supra transcritas, las cuales han de ser aplicadas no sólo en protección de los ocupantes ilegales, sino de todos aquellos que han visto mermado su patrimonio, en virtud de estas prácticas en viviendas o terrenos de su propiedad.

Finalmente, es menester recordar las directrices emanadas de este Despacho en relación con la actuación de la Defensoría del Pueblo en situaciones relacionadas con ocupaciones indebidas:

  • Verificar la legalidad de los actos judiciales o administrativos que sustenten los desalojos. Ello supone, que los procedimientos que se hayan iniciado tanto en sede administrativa como en sede judicial y hayan concluidos en medidas de desalojo, hayan permitido el acceso a todos los recursos disponibles previstos en la Constitución y en la Ley a los presuntos ocupantes.
  • Si se observare alguna acción u omisión de funcionarios públicos que pudiesen generar la violación de algún derecho o garantía constitucional, la Defensoría del Pueblo deberá instar a los organismos competentes a los fines de proceder a las acciones legales pertinentes, de manera de que se establezcan las responsabilidades civiles, penales y administrativas a las que haya lugar.
  • En aquellos casos en que se realicen desalojos de conformidad con la Constitución y las leyes, la Defensoría del Pueblo, podrá dentro del principio de colaboración de poderes que establece la Constitución, coadyuvar a las autoridades regionales a los fines de garantizar alternativas viables para los ocupantes, de manera tal que los desalojos practicados no supongan la exposición de estos ciudadanos a condiciones que atenten contra su integridad física y mental.
  • En casos de ocupaciones colectivas o masivas, la Defensoría del Pueblo deberá mediar tanto con las autoridades locales, como con la Defensoría Especial Agraria y el Instituto Nacional de Tierras o con la autoridad administrativa de la cual emane el acto cuya ejecución se pretenda, a los fines de buscar soluciones alternativas que puedan garantizar las obligaciones del Estado venezolano que se desprenden del derecho a la vivienda y a la tierra, derivados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales de derechos humanos, válidamente suscritos por la República.
  • La Defensoría del Pueblo, a través de sus delegaciones estadales, deberá instar a los organismos regionales encargados de ejecutar las políticas de vivienda, a los fines de garantizar programas que se ajusten a las necesidades de cada región y que se dirijan a los sectores más desprotegidos y vulnerables.

Dirección General de Servicios Jurídicos


Director de Doctrina