Inquilinos desasistidos

TEMAS Venezuela
Opinión
del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

Inquilinos desasistidos
Maglene Sierraalta

Decía Benito Juárez: las leyes son para mis enemigos y la justicia para mis amigos.
La protección inquilinaria es un derecho de orden público; me atrevo a ir más lejos al considerarlo Causa Social. No hay excedentes habitacionales. Con eso basta para inducir la perentoria necesidad de protección inquilinaria.
Si hubiera viviendas de sobra, los inquilinos pudieran estrenar una nueva cada año y devolverle sus ”chatarras” a propietarios y propietarias.
La diputada Valls (PPT) recientemente declaró acerca del proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Nos vende como “beneficio” al aceleramiento de todos los procesos y gestiones para hacer más expeditos los “desalojos”.
Debemos interpretar que, a partir de la aprobación de esta ley, los inquilinos conocerán cuando se inicia el proceso judicial y sabrán con antelación cuándo llegará el camión de la mudanza ante la puerta de la vivienda. Para los propietarios todo; para los inquilinos la ley.
Mas ella no indica si el Legislativo exigirá, al Ejecutivo, las nuevas viviendas donde reubicar y refugiar a las miles de familias que quedarán a la interperie con la aprobación de dicha ley.
Según las normas internacionales, llegado el desalojo el gobierno debe tener refugios temporales para guarecer a la familia desalojada y damnificada. En Venezuela no tenemos alternativas de refugio. Al no existir suficientes viviendas, hay que ser más inquebrantables contra los desalojos.
Crece la explotación del alquiler de “ratoneras”. Un propietario puede obtener rentas de 12 y 13 mil bolívares fuertes por el alquiler de cubículos en su viejo apartamento de 180 metros cuadrados. ¡Claro! es su propiedad y él o ella hacen con la misma lo que desean. No hay control fiscal para ellos.
El 6 de marzo de 2006, el Ejecutivo Nacional emitiò el Decreto 4343, basado en la emergencia y la situación de desamparo que existe en la población, producto del déficit habitacional que todos conocemos. Permanece vigente esta carestía, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por construir viviendas. La población sigue creciendo a un ritmo acelerado, rumbo a los 50 millones de habitantes, sin aumentar las viviendas en esa misma proporción.
Hay que honrar esa deuda social con la población desastida de viviendas. Hay que atacar la especulación inmobiliaria de forma radical. ¡Dejemos la hipocresía! Desde la propia Dirección de Inquilinato, se observan avisos de prensa con tasaciones del mercado neoliberal, validadas por Samir Nassar Tayupe, con el agravante de que nuestros sueldos y salarios no son cónsonos con lo que habría que pagar en alquiler.