Ultimas Noticias 06-04-08
Por D.F. Maza Zavala
La inflación no sólo afecta a los bienes y servicios de consumo diario, sino también a ciertos bienes durables que pueden calificarse como inversión, en virtud de que generan servicios para sus propietarios o usuarios. Entre estos bienes que están en una situación intermedia entre inversión y consumo hay que considerar destacadamente la vivienda...
El mercado inmobiliario urbano registra alzas pronunciadas de precios, así como de alquileres, en razón de varios factores: i) la población crece, se forman nuevas familias y la concentración en ciudades es un fenómeno de la vida moderna; ii) en los últimos años los ingresos familiares han mejorado por el aumento de los salarios y sueldos, becas y pensiones; iii) existe un déficit de viviendas estimado en dos millones de unidades, en parte porque no se construyen nuevas viviendas al ritmo necesario y en parte porque muchas viviendas son afectadas por siniestros naturales; también hay que mencionar que centenares de miles de viviendas son ranchos inseguros, precarios, de escasa higiene, carentes de los servicios más elementales; en todo caso, el problema de la vivienda es uno de los más graves del país, tanto como el de desabastecimiento de alimentos y la carestía de medicamentos.
Los gobiernos, inclusive el presente, siempre han prometido construir cada año no menos de 100 mil viviendas y ninguno ha cumplido, cuando más construyen 50 o 60 mil unidades. El sector privado podría construir más viviendas, pero se requieren condiciones favorables para ello. El problema no es de la clase media o alta, sino de la pequeña clase media y de las de menores ingresos, es decir, tiene un carácter social. Un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios privados de la construcción residencial sería oportuno y conveniente para enfrentar con éxito este problema. El Gobierno no sólo es ineficiente en ésta como en otras funciones administrativas, sino que el modo como procura realizar los proyectos se presta a manejos irregulares. No creo que hagan falta recursos para ello, sino buena gerencia y voluntad real.
Recientemente se celebró la XI Convención Nacional de la Vivienda y el Hábitat, en la cual abundaron los diagnósticos y las alternativas de solución. Se llegó inclusive a examinar la posibilidad de construir más de 100 mil viviendas al año y aun resolver el problema en diez años. Ojalá que ello resulte en hechos; este país necesita hechos, no promesas ni buenas intenciones.
Por D.F. Maza Zavala
La inflación no sólo afecta a los bienes y servicios de consumo diario, sino también a ciertos bienes durables que pueden calificarse como inversión, en virtud de que generan servicios para sus propietarios o usuarios. Entre estos bienes que están en una situación intermedia entre inversión y consumo hay que considerar destacadamente la vivienda...
El mercado inmobiliario urbano registra alzas pronunciadas de precios, así como de alquileres, en razón de varios factores: i) la población crece, se forman nuevas familias y la concentración en ciudades es un fenómeno de la vida moderna; ii) en los últimos años los ingresos familiares han mejorado por el aumento de los salarios y sueldos, becas y pensiones; iii) existe un déficit de viviendas estimado en dos millones de unidades, en parte porque no se construyen nuevas viviendas al ritmo necesario y en parte porque muchas viviendas son afectadas por siniestros naturales; también hay que mencionar que centenares de miles de viviendas son ranchos inseguros, precarios, de escasa higiene, carentes de los servicios más elementales; en todo caso, el problema de la vivienda es uno de los más graves del país, tanto como el de desabastecimiento de alimentos y la carestía de medicamentos.
Los gobiernos, inclusive el presente, siempre han prometido construir cada año no menos de 100 mil viviendas y ninguno ha cumplido, cuando más construyen 50 o 60 mil unidades. El sector privado podría construir más viviendas, pero se requieren condiciones favorables para ello. El problema no es de la clase media o alta, sino de la pequeña clase media y de las de menores ingresos, es decir, tiene un carácter social. Un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios privados de la construcción residencial sería oportuno y conveniente para enfrentar con éxito este problema. El Gobierno no sólo es ineficiente en ésta como en otras funciones administrativas, sino que el modo como procura realizar los proyectos se presta a manejos irregulares. No creo que hagan falta recursos para ello, sino buena gerencia y voluntad real.
Recientemente se celebró la XI Convención Nacional de la Vivienda y el Hábitat, en la cual abundaron los diagnósticos y las alternativas de solución. Se llegó inclusive a examinar la posibilidad de construir más de 100 mil viviendas al año y aun resolver el problema en diez años. Ojalá que ello resulte en hechos; este país necesita hechos, no promesas ni buenas intenciones.
