lunes, 17 de enero de 2011
Censo de Edificios afectados
Se le informa a los Voceros de los edificios afectados de expropiación en el Proyecto "Dotación de viviendas para las familias que habitan en condición de arrendatarios en inmuebles ubicados en el área metropolitana de Caracas" que deben llenar la planilla de actualización de datos y enviarla a la señora Grauly Bermúdez . La lucha continúa
Es inmoral exigirle al débil lo que el poderoso no cumple
Es inmoral exigirle al débil lo que el poderoso no cumple
Maglene Sierraalta
Maglene Sierraalta
Caracas 17/01/2011.- Se nos insiste en que debemos tener claramente identificado al enemigo. Los inquilinos saben quiénes son sus enemigos: los “caseros propietarios”.
Los “otros”, no son enemigos, son simples rivales excluyentes con ínfulas de protagonismo y un entendimiento distorsionado de lo que debe ser el Socialismo.
Los propietarios se dedican libremente a acosar, amenazar, enjuiciar a sus inquilinos para preparar el desalojo. Aparte realizan ofertas de ventas engañosas.
El inquilino no cuenta con instituciones a quien acudir a la espera de resultados favorecedores, el ruleteo es normal.
Los caseros abusan, se dedican a cortar la electricidad y el agua al apartamento cuestionado. No entendemos como Corpoelec, empresa con competencias en electricidad, permite que se le corte la luz a un titular de cuenta solvente y cuando se les llama para que atiendan el reclamo, el funcionario se limita a decir simplemente que no fue la empresa. ¿Quién responde ante el abuso? se paga el recibo mensual y un casero cualquiera se da el lujo de cortar la luz a una familia que está solvente y ¡no pasa nada!
El inquilino comienza un peregrinaje de denuncias, el funcionario de turno comienza a ruletear: “vaya al Indepabis, Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Dirección de Inquilinato, Junta Parroquial”. En conclusión: las instituciones no responden y el inquilino sigue en su debilidad jurídica. El propietario tiene la inmoralidad como corona.
En la foto mostramos como a un apartamento, identificado con el número 23, además de cortarle la luz, se le ha incomunicado la tubería de agua para presionar a la familia inquilina al desalojo. Dos servicios vitales ¿violación de los derechos humanos o simplemente un delito? ¿Dónde ocurre esa arbitrariedad? En Caracas en una urbanización clase media. La propietaria es más fuerte que cualquier institución a la que se ha acudido a presentar la denuncia, nadie puede con esa casera que debería ir presa por ejercer la justicia con sus propias manos.
¿Debemos los inquilinos seguir apegados a las leyes, mientras los propietarios abusan fuera de ley?
Los “otros”, no son enemigos, son simples rivales excluyentes con ínfulas de protagonismo y un entendimiento distorsionado de lo que debe ser el Socialismo.
Los propietarios se dedican libremente a acosar, amenazar, enjuiciar a sus inquilinos para preparar el desalojo. Aparte realizan ofertas de ventas engañosas.
El inquilino no cuenta con instituciones a quien acudir a la espera de resultados favorecedores, el ruleteo es normal.
Los caseros abusan, se dedican a cortar la electricidad y el agua al apartamento cuestionado. No entendemos como Corpoelec, empresa con competencias en electricidad, permite que se le corte la luz a un titular de cuenta solvente y cuando se les llama para que atiendan el reclamo, el funcionario se limita a decir simplemente que no fue la empresa. ¿Quién responde ante el abuso? se paga el recibo mensual y un casero cualquiera se da el lujo de cortar la luz a una familia que está solvente y ¡no pasa nada!
El inquilino comienza un peregrinaje de denuncias, el funcionario de turno comienza a ruletear: “vaya al Indepabis, Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Dirección de Inquilinato, Junta Parroquial”. En conclusión: las instituciones no responden y el inquilino sigue en su debilidad jurídica. El propietario tiene la inmoralidad como corona.
En la foto mostramos como a un apartamento, identificado con el número 23, además de cortarle la luz, se le ha incomunicado la tubería de agua para presionar a la familia inquilina al desalojo. Dos servicios vitales ¿violación de los derechos humanos o simplemente un delito? ¿Dónde ocurre esa arbitrariedad? En Caracas en una urbanización clase media. La propietaria es más fuerte que cualquier institución a la que se ha acudido a presentar la denuncia, nadie puede con esa casera que debería ir presa por ejercer la justicia con sus propias manos.
¿Debemos los inquilinos seguir apegados a las leyes, mientras los propietarios abusan fuera de ley?
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