Maglene Sierraalta
Caracas.- Existen inquilinos que pueden negociar directo con los propietarios. De hecho ha ocurrido y ocurre. Familias venezolanas privilegiadas, quienes pertenecen al segmento del 1% de la población, cuyos ingresos familiares les permiten comprar a precios estratosféricos, pagar 17 mil bolívares fuertes mensuales de cuota o sea en bolívares antiguos 17 millones de cuota mensual. Nosotros no pertenecemos a este sector privilegiado.
Nosotros somos la mayoría de inquilinos que acudimos en busca de auxilio a la Alcaldía Metropolitana, porque no podemos negociar directo con los propietarios y satisfacer su voracidad. Confiamos en un intermediario que nos ayudara a buscar un punto medio de conciliación y resolución. ¡No ha sido así!
¿Por qué necesitamos la ayuda del Estado?
Recordemos que existe en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (2000) el artículo 42 que protege al propietario en sus aspiraciones, el propietario debe ser satisfecho en sus aspiraciones. Y ¿Cuáles han sido las demostraciones de sus aspiraciones? ¡VORACIDAD!
Son tan voraces que escapan a los índices económicos que presenta el Gobierno, cuando nos publicita los índices inflacionarios. No se corresponden los aumentos de alquiler y las ofertas de venta de los inmuebles con el panorama económico presentado por el Gobierno.
En los países de los cinco continentes se está cayendo a pedazos el mercado inmobiliario. El Imperio norteamericano tiene una debacle económica a causa de la voracidad del mercado inmobiliario.
Recurrimos al “gran padre de familia” que es el Estado, amparados en los artículos 82, 86 y 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para terminar con la incertidumbre. Hay que acabar de una vez por todas con las estafas, acaparamiento, evasión fiscal y especulación immobiliaria. El “padrinazgo” y corrupción interna entorpecen las denuncias.
Negocios fraudulentos juegan con la salud mental de las familias.
En base a la escasez de vivienda, cada día nacen más negocios fraudulentos. Administradores de inmuebles que “juegan” con el contrato anual y los desalojos, cobran por: mostrar el apartamento, notaría del contrato, derecho a la llave (traspaso), comisiones entre tres y cuatro meses, depósito legal, pago de un año adelantado de la renta de alquiler y quién sabe cuánto más.
Todos los años “rotan” a las jóvenes familias inquilinas y les “sacan” alrededor de 20 mil bolívares fuertes, (20 millones antiguos).
¿Quién atiende estas denuncias? ¿Cuántos propietarios, apoderados y administradores están al día con sus impuestos o tienen sus recibos legales?
Es necesaria la “Inamovilidad Inquilinaria familiar” debemos cerrarle la boca a los caimanes que esperan pacientemente a que les llenen la boca de $$$$$$$$$$$. Hay que realizar un diagnóstico real de la situación inmobiliaria de Venezuela y eso requiere tiempo.
SENIAT
Hemos visto recibos que son fotocopias de los billetes o el cheque que lleva el inquilino para cancelar el monto de alquiler. Recibos que no tienen número de control fiscal.
Al igual que lo han hecho con los médicos ¿Por qué el SENIAT no se ha involucrado en la fiscalización de edificios y por ende a los administradores de inmuebles? Para así dilucidar si existe evasión fiscal o nó.
Al SENIAT, se le sugiere que instale un operativo donde los inquilinos lleven sus recibos y así la institución fiscal conozca qué devuelve, como comprobante de pago legal, el apoderado, administrador o propietario y se conozcan los ingresos reales de administradores y propietarios.
Caracas.- Existen inquilinos que pueden negociar directo con los propietarios. De hecho ha ocurrido y ocurre. Familias venezolanas privilegiadas, quienes pertenecen al segmento del 1% de la población, cuyos ingresos familiares les permiten comprar a precios estratosféricos, pagar 17 mil bolívares fuertes mensuales de cuota o sea en bolívares antiguos 17 millones de cuota mensual. Nosotros no pertenecemos a este sector privilegiado.
Nosotros somos la mayoría de inquilinos que acudimos en busca de auxilio a la Alcaldía Metropolitana, porque no podemos negociar directo con los propietarios y satisfacer su voracidad. Confiamos en un intermediario que nos ayudara a buscar un punto medio de conciliación y resolución. ¡No ha sido así!
¿Por qué necesitamos la ayuda del Estado?
Recordemos que existe en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (2000) el artículo 42 que protege al propietario en sus aspiraciones, el propietario debe ser satisfecho en sus aspiraciones. Y ¿Cuáles han sido las demostraciones de sus aspiraciones? ¡VORACIDAD!
Son tan voraces que escapan a los índices económicos que presenta el Gobierno, cuando nos publicita los índices inflacionarios. No se corresponden los aumentos de alquiler y las ofertas de venta de los inmuebles con el panorama económico presentado por el Gobierno.
En los países de los cinco continentes se está cayendo a pedazos el mercado inmobiliario. El Imperio norteamericano tiene una debacle económica a causa de la voracidad del mercado inmobiliario.
Recurrimos al “gran padre de familia” que es el Estado, amparados en los artículos 82, 86 y 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para terminar con la incertidumbre. Hay que acabar de una vez por todas con las estafas, acaparamiento, evasión fiscal y especulación immobiliaria. El “padrinazgo” y corrupción interna entorpecen las denuncias.
Negocios fraudulentos juegan con la salud mental de las familias.
En base a la escasez de vivienda, cada día nacen más negocios fraudulentos. Administradores de inmuebles que “juegan” con el contrato anual y los desalojos, cobran por: mostrar el apartamento, notaría del contrato, derecho a la llave (traspaso), comisiones entre tres y cuatro meses, depósito legal, pago de un año adelantado de la renta de alquiler y quién sabe cuánto más.
Todos los años “rotan” a las jóvenes familias inquilinas y les “sacan” alrededor de 20 mil bolívares fuertes, (20 millones antiguos).
¿Quién atiende estas denuncias? ¿Cuántos propietarios, apoderados y administradores están al día con sus impuestos o tienen sus recibos legales?
Es necesaria la “Inamovilidad Inquilinaria familiar” debemos cerrarle la boca a los caimanes que esperan pacientemente a que les llenen la boca de $$$$$$$$$$$. Hay que realizar un diagnóstico real de la situación inmobiliaria de Venezuela y eso requiere tiempo.
SENIAT
Hemos visto recibos que son fotocopias de los billetes o el cheque que lleva el inquilino para cancelar el monto de alquiler. Recibos que no tienen número de control fiscal.
Al igual que lo han hecho con los médicos ¿Por qué el SENIAT no se ha involucrado en la fiscalización de edificios y por ende a los administradores de inmuebles? Para así dilucidar si existe evasión fiscal o nó.
Al SENIAT, se le sugiere que instale un operativo donde los inquilinos lleven sus recibos y así la institución fiscal conozca qué devuelve, como comprobante de pago legal, el apoderado, administrador o propietario y se conozcan los ingresos reales de administradores y propietarios.
