Ismael Enrique Ramírez
Caracas.- En estos momentos, cuando Venezuela mantiene una lucha en defensa del cambio hacia un sistema socialista, impulsado desde sus inicios por nuestro Presidente Hugo Chávez Frías, nos encontramos desafortunadamente con un Poder Judicial donde existen funcionarios y jueces que tienen sus sentimientos divididos en dos almas: una hacia el camino que quiere el Presidente y otra, muy deprimente, donde le dan una puñalada por la espalda al socialismo y dañan las políticas que se quieren implantar.
Son enemigos que utilizan un cargo para consumar fechorías, dirigidas por jueces corruptos y sin moral, que utilizan su investidura para golpear y atropellar el pueblo. Esta problemática la sienten los inquilinos, quienes se sienten desasistidos y violados en sus derechos humanos. Es un negocio capitalista que no tiene contemplación con los derechos humanos; desalojan familias inquilinas sin importar si hay mujeres, niños o ancianos; aumentan los cánones de arrendamiento aunque existe una congelación y hasta venden el mismo apartamento a más de un comprador.
Buscamos una solución socialista para defensa de nosotros: los inquilinos venezolanos. Las constantes presiones psicológicas y maltratos hacia nosotros, cuando los jueces meten presos a vecinos que apoyan un desalojo por no permitir satisfacer sus intereses; con medidas de violación a los derechos humanos y presentación cuando el juez lo decida, amparados por una policía que se presta para golpear a niños, mujeres y ancianos.
Estos jueces, que pasan por encima decisiones y mandato Presidencial y del Ministro de Justicia, utilizan el cargo que ocupan como jueces en los tribunales ejecutores, para sacar a familias a la calle mediantes desalojos forzosos. Son medidas anticonstitucionales, contra familias venezolanas que tienen al día sus pagos mensuales. Violentan y amenazan constantemente el desalojo, donde se viola el derecho a la vida privada y seguridad del hogar, a la educación, al trabajo, a la salud de los niños y de la mujer, a la libertad personal y al derecho de acceder a la información.
Estos jueces, soportados por sus amigos, los latifundistas de concreto, capitalistas que humillan al pobre para fortalecer sus arcas de dinero que con su poder económico, pasan por encima cualquier postura del gobierno e intentan fracturar la posición del sistema socialista. Este poder económico, donde los jueces parecen ser dueños de las depositarias, utilizan a personas como testaferros en los desalojos, sin hacer ningún inventario de las pertenencias del inquilino.
A los inquilinos se nos viola el derecho a la correspondencia porque al llegar el desalojo las familias en su mayoría no están notificados que tienen un juicio. No se identifican, ni dejan actas del procedimiento.
Estos latifundistas de concreto utilizan su poder para sacar los inquilinos con la intención de construir Centros Comerciales, hoteles y otras modalidades más rentables. ¿Dónde quedan la antigüedad arrendaticia de estas familias que han pagado dos, tres y más veces el valor del inmueble?. Su ataque principal es hacia los edificios viejos, con 20, 30, 40 y más años de construcción. ¡No les son rentables!.
Es muy injusto que esto suceda con la vivienda, prioridad de primer grado. Tiene que existir protección avalada por la Constitución en su Art. 82, Art. 62 de los Derechos Humanos y Art. 11 párrafo 1, 4, 7 y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No les importa desalojar injustamente a familias porque su justicia es favorable a los burgueses. El pobre va a Inquilinato y la posición de los funcionarios es de burla a la persona que solicita apoyo. Pero si es rico, lo tratan como un rey. La pregunta es: ¿Dónde esta la justicia y los derechos humanos?.
Solicitamos al Gobierno crear una política de estado emergente para proteger a los inquilinos. Necesitamos protección e inmovilidad inmobiliaria. Es necesario asignar fiscales, a través del Ministerio de Justicia en el área de inquilinato, para que sirvan de mediadores entre las partes y puedan supervisar la buena-pro de las medidas. Quizás así no habrán más abusos, golpes y excesos policiales en contra del pueblo; y se respetarán las pertenencias de las familias y la antigüedad del inquilino.
Pero lo que más deseamos es que no existan más desalojos forzados en ninguna parte de Venezuela y que exista la conciliación entre las partes, con un Poder Judicial limpio. Para lograrlo, debemos crear e implementar sanciones muy duras contra esos jueces.
¡INMOVILIDAD INQUILINARIA, PODER POPULAR Y JUSTICIA!
isma_enrique@gmail.com
