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Venezuela
Opinión
del 2 al 8 de octubre de 2009
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del 2 al 8 de octubre de 2009
Reinvindicaciones inquilinarias
Maglene Sierraalta
Si algo atormenta a una familia inquilina son los imprevistos que pueden ocurrir y contribuir a forzar y perder los ingresos familiares: pérdida del empleo, enfermedades de alto riesgo, accidentes, muerte súbita del jefe o jefa de familia y otros.
Estos hechos estremecen porque la insolvencia es la principal razón, del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos, para iniciar un proceso de desalojo por parte del propietario del inmueble.
Antes existían reinvindicaciones que muchos inquilinos desconocen. Cuando se aprobó el vigente Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, se arrebataron de un plumazo una serie de derechos que estaban plasmados en el derogado “Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas del 27 de septiembre de 1947”.
Un logro eliminado era la obligatoriedad que tenía el dueño o dueña para poder demandar el desalojo: éste debía acompañarse de la regulación del inmueble o sea la constancia del monto del alquiler expedido a ese efecto por la Comisión Nacional de Abastecimiento, hoy Dirección General de Inquilinato.
¿Cuál era el beneficio para el inquilino? El registro del inmueble en la Comisión Nacional de Abastecimiento llenaba el vacío de ilegalidad que ocurre hoy, cuando existe un sinnúmero de propietarios y administradores beneficiándose de rentas paralelas, al no estar obligados al registro ni a la regulación del inmueble. Se aprovechan y exigen pagos en efectivo sin dar recibos a inquilinos, quienes, acosados por la penuría de vivienda, aceptan lo que sea bajo las amenazas de desalojos.
Otro beneficio despojado es la oportunidad que tenía el inquilino de solventarse en medio de la introducción de una demanda. El Juez, por intermedio del Alguacil, notificaba al demandado que en tres días debía consignar en el Tribunal la cantidad correspondiente a rentas vencidas. Al pagar, automáticamente cesaba el procedimiento sin pagos de costas.
Si el arrendatario no cancelaba en ese lapso y continuaba el procedimiento, el inquilino todavía tenía la oportunidad de hacer cesar el juicio si antes de contestar la demanda consignaba el monto de la deuda más las costas.
Eran derechos garantizados de tenencia para el inquilino solvente y la renta demandada para el dueño.
Venta de apartamentos en edificios viejos y usados: se eliminaron los decretos 513 y 576 del año 1971, en lugar de ceñirlos al orden social.
¿Cuál fue el efecto de esa eliminación? Especulación en la venta de apartamentos y casas. No dejaron atenuantes sociales para las 642.690 viviendas de inquilinos que existían en Venezuela en el año 2001 (Cepal).
Es necesario detener el agiotismo neoliberal que nos consume en la vivienda.
Estos hechos estremecen porque la insolvencia es la principal razón, del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos, para iniciar un proceso de desalojo por parte del propietario del inmueble.
Antes existían reinvindicaciones que muchos inquilinos desconocen. Cuando se aprobó el vigente Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, se arrebataron de un plumazo una serie de derechos que estaban plasmados en el derogado “Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas del 27 de septiembre de 1947”.
Un logro eliminado era la obligatoriedad que tenía el dueño o dueña para poder demandar el desalojo: éste debía acompañarse de la regulación del inmueble o sea la constancia del monto del alquiler expedido a ese efecto por la Comisión Nacional de Abastecimiento, hoy Dirección General de Inquilinato.
¿Cuál era el beneficio para el inquilino? El registro del inmueble en la Comisión Nacional de Abastecimiento llenaba el vacío de ilegalidad que ocurre hoy, cuando existe un sinnúmero de propietarios y administradores beneficiándose de rentas paralelas, al no estar obligados al registro ni a la regulación del inmueble. Se aprovechan y exigen pagos en efectivo sin dar recibos a inquilinos, quienes, acosados por la penuría de vivienda, aceptan lo que sea bajo las amenazas de desalojos.
Otro beneficio despojado es la oportunidad que tenía el inquilino de solventarse en medio de la introducción de una demanda. El Juez, por intermedio del Alguacil, notificaba al demandado que en tres días debía consignar en el Tribunal la cantidad correspondiente a rentas vencidas. Al pagar, automáticamente cesaba el procedimiento sin pagos de costas.
Si el arrendatario no cancelaba en ese lapso y continuaba el procedimiento, el inquilino todavía tenía la oportunidad de hacer cesar el juicio si antes de contestar la demanda consignaba el monto de la deuda más las costas.
Eran derechos garantizados de tenencia para el inquilino solvente y la renta demandada para el dueño.
Venta de apartamentos en edificios viejos y usados: se eliminaron los decretos 513 y 576 del año 1971, en lugar de ceñirlos al orden social.
¿Cuál fue el efecto de esa eliminación? Especulación en la venta de apartamentos y casas. No dejaron atenuantes sociales para las 642.690 viviendas de inquilinos que existían en Venezuela en el año 2001 (Cepal).
Es necesario detener el agiotismo neoliberal que nos consume en la vivienda.
