Radicalización contra la especulación inmobiliaria

TEMAS Venezuela
Opinión
del 5 al 11 de Junio de 2009

Radicalización contra la especulación inmobiliaria
Maglene Sierraalta
El mayor desacierto del vigente Decreto Ley de Arrendamientos es el de adolecer y no considerar la necesaria protección social para los inquilinos. Es por esto que hemos insistido en que el Decreto Ley debe ser derogado para incluir el arrendamiento en un sistema estructurado de viviendas que garantice la tenencia de la misma a todas las familias venezolanas.
Razones de peso para esta solicitud: nosotros, necesitamos la vivienda que habitamos, requerimos protección gubernamental y legal ante la arremetida de ofertas de venta a precios triplicados sin haber sido tasados. Lamentablemente, impera el sistema capitalista rentista al cual debemos aniquilar antes que lo haga con nosotros.
Manifestamos solidaridad con los ciudadanos compradores de vivienda que fueron estafados al cobrarles el INPC. La Asamblea Nacional abrió una brecha de ayuda para ellos. Les orientó en la solución a su problema, introdujeron demandas en el Tribunal Supremo de Justicia y esperan sentencia.
Cuando se inicia un proyecto de construcción inmobiliaria, los constructores realizan un Análisis de Precios Unitario (APU); a través de éste conocen los costos primarios y finales de la obra. El APU define el costo origen de los inmuebles nuevos.
El cobro del INPC se ha convertido en un elemento distorsionador en las tasaciones de inmuebles es el padre legítimo del monstruo llamado: especulación inmobiliaria.
En los avalúos de los inmuebles viejos también se utiliza INPC; lo desleal es que se les olvida la renta neta percibida durante años y la depreciación del inmueble.
Los propietarios crearon la “distorsión del mercado” y la aprovechan al máximo; no muestran la más mínima sensibilidad social y humana, lo que defienden son sus ganancias. Estos inversionistas sí distorsionan la economía venezolana.
Entristece la prioridad en el ataque a la especulación en ventas de vehículos; me pregunto: ¿Quién defiende la violación a la que están sometidas las familias e individuos en situación de inquilinos en edificios viejos?
A los inquilinos se les ofertan apartamentos sobre los 390 mil bolívares fuertes, so pena y amenaza: ¡en 15 días serán 600 mil bolívares fuertes! ¿Dónde está el banco que dará el crédito para comprar apartamentos “chatarra” para satisfacer al propietario?
La protección social hacia el inquilino es necesaria. ¡Urge radicalizarla contra la especulación!