25 mil familias se benefician de inmediato con eliminación de cobro ilegal del IPC en viviendas
Junio 11, 2009 - 12:27 (mmaldonado)
En Gaceta Oficial resolución que elimina cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mercado inmobiliario / Constructoras deben devolver lo cobrado por ese concepto y deberán indicar la fecha de culminación de la obra en los contratos de compra-venta / Gobierno Nacional revisará contratos de almacenadoras en puertos y aeropuertos.
(VTV)
A través de Resolución Nº. 110 de la Gaceta Oficial Nº. 39.197, de fecha 10 de junio de 2009, queda eliminado el mecanismo ilegal de cobro del llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se prohíbe expresamente el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas de dinero basados en éste, o cualquier mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación.
Así lo afirmó el ministro del Poder Popular de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en rueda de prensa, donde destacó que la citada prohibición, que tendrá aplicación en todo el mercado inmobiliario destinado a la vivienda y hábitat, beneficiará a 25 mil familias.
Según la misma Resolución, todo cobro efectuado por concepto de IPC o cualquier otro mecanismo de ajuste por inflación, después de la fecha convenida por las partes para la culminación de la obra y protocolización de la venta, deberá ser restituido íntegra e inmediatamente al comprador, refirió el ministro Cabello.
"Queda a elección del comprador recibir dicho reintegro en dinero en efectivo o imputarlo al monto adeudado", puntualizó, y señaló que dicho reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de diez días continuos a partir de la entrada en vigencia de la Resolución.
"El IPC es la misma cuota balón, que le cortaba la posibilidad a los sectores medios y a los jóvenes de tener una vivienda", destacó Cabello.
El titular de Vivienda y Habitat advirtió a las constructoras que si después de hacer los reintegros a los afectados intentan vender a otras personas las viviendas para ganar más dinero, les será aplicada la Ley. "No lo hagan, porque vamos a garantizar a aquellos que hicieron su solicitud, que tengan el derecho a la vivienda".
Asimismo, las constructoras deberán indicar expresamente la fecha cierta de culminación de la obra, en sus promociones y publicidad y en los contratos de compra-venta, puntualizó, y señaló que el caso de los contratos en los que no se acordaron términos para la culminación de la obra y protocolización del documento de venta, deberá establecerse en un plazo no mayor a cinco días.
El ministro ofreció el número telefónico (0212) 201 44 72 para responder las inquietudes, planteamientos y atender denuncias de las personas que "han sido chantajeadas para obtener viviendas".
Informó que el Gobierno Nacional bajará los precios de las viviendas, para lo cual se está realizando una revisión exhaustiva de todos los elementos que se utilizan para la construcción de viviendas.
Anunció también que la próxima resolución de su despacho estará dirigida a revisar el alquiler de viviendas, para beneficiar a inquilinos con más de cuarenta años, a los cuales quieran desalojar. Se procederá a comprar terrenos de edificios depreciados, para hacer propietarios a estos inquilinos.
Revisarán contratos de almacenadoras de puertos y aeropuertos
Por otra parte, el ministro anunció que en 30 días se tendrá la revisión completa de las concesiones y contratos con almacenadoras que funcionan en los puertos públicos, con el propósito de que estas actividad estratégicas y de seguridad de Estado sean asumidas nuevamente por el Ejecutivo Nacional.
A través del ministerio de Obras Públicas y Vivienda se realizará dicha revisión, puntualizó Cabello, y la misma abarca el uso de espacios e infraestructuras portuarias, especialmente el área de almacenes, silos y patios. Puerto Cabello, La Guaira, El Guamache y puerto de Maracaibo serán objeto de la revisión.
Destacó Cabello que la estabilidad laboral de los trabajadores que laboran en los puertos está garantizada, y no se interrumpirá la prestación de servicios puertarios.
"Todos esos terrenos donde están las almacenadoras son del Gobierno Nacional. En números gruesos y para que se den cuenta de la magnitud de un negocio que administran solamente 30 familias, que se han enriquecido brutalmente administrando un espacio que es del Estado", el ministro realizó un cálculo de las ganancias de esos concesionarios.
Contabilizó el titular de Obras Públicas y Vivienda, que en el Puerto de la Guaira, "que no es el de mayor volumen de trabajo", aproximadamente se manejan 350 mil contenedores al año, en promedio, lo que calculado a un monto de 200 dólares de alquiler diario por contenedor, en 5 días, se está hablando, "bajo esos números mínimos, de 350 millones de dólares al año".
De este monto, indicó Cabello, estas empresas le pagaban menos de 5% al Gobierno Nacional, por concepto de alquiler. Destinaban menos de 30% al pago de los trabajadores, y se quedaban con 65% de la operación, "más de 220 millones de dólares que iba a los bolsillos de 30 familias".
"Esta medida lo que ha permitido es que esos 220 millones de dólares vayan a obras para el pueblo", indicó Cabello, y ratificó que con las resoluciones anunciadas este jueves, se está aplicando verdadera justicia social.
Junio 11, 2009 - 12:27 (mmaldonado)
En Gaceta Oficial resolución que elimina cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mercado inmobiliario / Constructoras deben devolver lo cobrado por ese concepto y deberán indicar la fecha de culminación de la obra en los contratos de compra-venta / Gobierno Nacional revisará contratos de almacenadoras en puertos y aeropuertos.
(VTV)
A través de Resolución Nº. 110 de la Gaceta Oficial Nº. 39.197, de fecha 10 de junio de 2009, queda eliminado el mecanismo ilegal de cobro del llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se prohíbe expresamente el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas de dinero basados en éste, o cualquier mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación.
Así lo afirmó el ministro del Poder Popular de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en rueda de prensa, donde destacó que la citada prohibición, que tendrá aplicación en todo el mercado inmobiliario destinado a la vivienda y hábitat, beneficiará a 25 mil familias.
Según la misma Resolución, todo cobro efectuado por concepto de IPC o cualquier otro mecanismo de ajuste por inflación, después de la fecha convenida por las partes para la culminación de la obra y protocolización de la venta, deberá ser restituido íntegra e inmediatamente al comprador, refirió el ministro Cabello.
"Queda a elección del comprador recibir dicho reintegro en dinero en efectivo o imputarlo al monto adeudado", puntualizó, y señaló que dicho reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de diez días continuos a partir de la entrada en vigencia de la Resolución.
"El IPC es la misma cuota balón, que le cortaba la posibilidad a los sectores medios y a los jóvenes de tener una vivienda", destacó Cabello.
El titular de Vivienda y Habitat advirtió a las constructoras que si después de hacer los reintegros a los afectados intentan vender a otras personas las viviendas para ganar más dinero, les será aplicada la Ley. "No lo hagan, porque vamos a garantizar a aquellos que hicieron su solicitud, que tengan el derecho a la vivienda".
Asimismo, las constructoras deberán indicar expresamente la fecha cierta de culminación de la obra, en sus promociones y publicidad y en los contratos de compra-venta, puntualizó, y señaló que el caso de los contratos en los que no se acordaron términos para la culminación de la obra y protocolización del documento de venta, deberá establecerse en un plazo no mayor a cinco días.
El ministro ofreció el número telefónico (0212) 201 44 72 para responder las inquietudes, planteamientos y atender denuncias de las personas que "han sido chantajeadas para obtener viviendas".
Informó que el Gobierno Nacional bajará los precios de las viviendas, para lo cual se está realizando una revisión exhaustiva de todos los elementos que se utilizan para la construcción de viviendas.
Anunció también que la próxima resolución de su despacho estará dirigida a revisar el alquiler de viviendas, para beneficiar a inquilinos con más de cuarenta años, a los cuales quieran desalojar. Se procederá a comprar terrenos de edificios depreciados, para hacer propietarios a estos inquilinos.
Revisarán contratos de almacenadoras de puertos y aeropuertos
Por otra parte, el ministro anunció que en 30 días se tendrá la revisión completa de las concesiones y contratos con almacenadoras que funcionan en los puertos públicos, con el propósito de que estas actividad estratégicas y de seguridad de Estado sean asumidas nuevamente por el Ejecutivo Nacional.
A través del ministerio de Obras Públicas y Vivienda se realizará dicha revisión, puntualizó Cabello, y la misma abarca el uso de espacios e infraestructuras portuarias, especialmente el área de almacenes, silos y patios. Puerto Cabello, La Guaira, El Guamache y puerto de Maracaibo serán objeto de la revisión.
Destacó Cabello que la estabilidad laboral de los trabajadores que laboran en los puertos está garantizada, y no se interrumpirá la prestación de servicios puertarios.
"Todos esos terrenos donde están las almacenadoras son del Gobierno Nacional. En números gruesos y para que se den cuenta de la magnitud de un negocio que administran solamente 30 familias, que se han enriquecido brutalmente administrando un espacio que es del Estado", el ministro realizó un cálculo de las ganancias de esos concesionarios.
Contabilizó el titular de Obras Públicas y Vivienda, que en el Puerto de la Guaira, "que no es el de mayor volumen de trabajo", aproximadamente se manejan 350 mil contenedores al año, en promedio, lo que calculado a un monto de 200 dólares de alquiler diario por contenedor, en 5 días, se está hablando, "bajo esos números mínimos, de 350 millones de dólares al año".
De este monto, indicó Cabello, estas empresas le pagaban menos de 5% al Gobierno Nacional, por concepto de alquiler. Destinaban menos de 30% al pago de los trabajadores, y se quedaban con 65% de la operación, "más de 220 millones de dólares que iba a los bolsillos de 30 familias".
"Esta medida lo que ha permitido es que esos 220 millones de dólares vayan a obras para el pueblo", indicó Cabello, y ratificó que con las resoluciones anunciadas este jueves, se está aplicando verdadera justicia social.
(resaltado de asocib)
