Publicado en TEMAS Venezuela
OPINIóN
del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
Maglene SierraaltaOPINIóN
del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
En Agosto de 1998, Bernardo Pulido Azpúrua, Ingeniero Civil exPresidente de la Junta Directiva Nacional de Soitave, escribió un artículo en la Revista Inmuebles donde alertaba acerca del nuevo elemento distorsionante que complicaba la ejecución de avalúos.
El Ingeniero Pulido se refería a la data obtenida de los Registros Subalternos Inmobiliarios y la influencia que ejercían los honorarios pagados en el acto de protocolización, calculados en base a estimaciones de valor del bien que hacía el Registrador. A este acto lo bautizaron con el nombre de “Avalúo del Registrador”: acción fundamentada en la Ley de Registro Público.
Le preocupaba, al Ingeniero Pulido, la falta de soporte científico de estas valoraciones. No consideraban condiciones como conservación, mantenimiento y edad del inmueble; no se hacían diferenciaciones en un mismo sector, simple apreciación personal del registrador de turno. De esta forma se producía una sobrevaluación de los metros cuadrados vendibles y esto a su vez daba mayores Derechos de Registro por el pago de la protocolización de los documentos de venta.
Estimaciones “a priori” que abrieron puertas y ventanas a la especulación inmobiliaria en Venezuela.
Definitivamente, en materia de avalúos de inmuebles debemos “agarrar el toro por los cachos”. Es cuestión de tomar Conciencia del carácter de la penuria de la vivienda, primordialmente de la Gran Deuda Social heredada que tiene el Estado venezolano con sus ciudadanos.
Continuar con los paradigmas de la economía tradicional capitalista, en los cuales se considera al inmueble como una mercancía producto de la inversión de capital, capital fijo y capital variable (capital en la medida que genera plusvalías por sí mismo) no es la mejor vía a la solución social de la necesidad de vivienda.
El suelo urbano por sí solo no genera plusvalía. Ésta se da gracias a las construcciones y servicios realizados por el Gobierno de turno.
Quiere decir que el propietario o el heredero ¡no! se han ganado con su “sudor” esa plusvalía. ¿Tienen derecho a especular aumentando sin límite los alquileres y ventas sin trabajar esa renta?
Engordar tierras o inmuebles no significa productividad que beneficie al colectivo.
¿Se justifica la especulación? ¿Hasta cuándo se dejará que el valor de la tierra o el edificio sea colocado por los especuladores?
Heredar suelo urbanizable o agrícola, edificios, casas, no justifica percibir “rentas” sin trabajar.
El Ingeniero Pulido se refería a la data obtenida de los Registros Subalternos Inmobiliarios y la influencia que ejercían los honorarios pagados en el acto de protocolización, calculados en base a estimaciones de valor del bien que hacía el Registrador. A este acto lo bautizaron con el nombre de “Avalúo del Registrador”: acción fundamentada en la Ley de Registro Público.
Le preocupaba, al Ingeniero Pulido, la falta de soporte científico de estas valoraciones. No consideraban condiciones como conservación, mantenimiento y edad del inmueble; no se hacían diferenciaciones en un mismo sector, simple apreciación personal del registrador de turno. De esta forma se producía una sobrevaluación de los metros cuadrados vendibles y esto a su vez daba mayores Derechos de Registro por el pago de la protocolización de los documentos de venta.
Estimaciones “a priori” que abrieron puertas y ventanas a la especulación inmobiliaria en Venezuela.
Definitivamente, en materia de avalúos de inmuebles debemos “agarrar el toro por los cachos”. Es cuestión de tomar Conciencia del carácter de la penuria de la vivienda, primordialmente de la Gran Deuda Social heredada que tiene el Estado venezolano con sus ciudadanos.
Continuar con los paradigmas de la economía tradicional capitalista, en los cuales se considera al inmueble como una mercancía producto de la inversión de capital, capital fijo y capital variable (capital en la medida que genera plusvalías por sí mismo) no es la mejor vía a la solución social de la necesidad de vivienda.
El suelo urbano por sí solo no genera plusvalía. Ésta se da gracias a las construcciones y servicios realizados por el Gobierno de turno.
Quiere decir que el propietario o el heredero ¡no! se han ganado con su “sudor” esa plusvalía. ¿Tienen derecho a especular aumentando sin límite los alquileres y ventas sin trabajar esa renta?
Engordar tierras o inmuebles no significa productividad que beneficie al colectivo.
¿Se justifica la especulación? ¿Hasta cuándo se dejará que el valor de la tierra o el edificio sea colocado por los especuladores?
