Edificios afectados de expropiación

TEMAS Venezuela
Opinión
del 13 al 19 de noviembre de 2009

Edificios afectados de expropiación
Maglene Sierraalta

Los inquilinos tenemos cuatro años esperando respuesta sobre un tema y sólo hemos recibido los “Sonidos del Silencio”. Es un hecho congelado que afecta a espartanos y atenienses, no tiene tinte político y es una deuda social con el pueblo venezolano.
Existen más de seiscientas mil familias que sufren la penalidad de ser explotados como inquilinos.
Estos habitantes han sido relegados en todas las decisiones políticas que se han tomado en los planes y políticas de viviendas. No obstante, leemos y escuchamos declaraciones tranquilizadoras que van y vienen en boca del ministro Diosdado Cabello. Pero no sentimos fuerza contundente en esas palabras. Los inquilinos tienen dudas. ¿Otra vez promesas electorales?
En el año 2005 surgió el tema de las afectaciones de edificios para ser expropiados y luego ser vendidos a los inquilinos; han transcurrido cuatro años y alguno que otro comentario velado se escucha: “pagaron 17 edificios… sigamos esperando”
Se oyen murmullos sin seriedad. Comentan: “es que la solución es muy costosa; los inquilinos quieren que les regalen las viviendas”; “fíjate que el proyecto se llama dotación, eso es regalar”. ¡Cuanta carencia de conciencia social! A mi edad me pregunto ¿es que acaso en este país no se han adjudicado y/o regalado “ene” cantidad de viviendas? ¿Cuántas de estas personas han honrado con toda regularidad y honestidad la vivienda en cuestión? ¿Cuántas personas han sido beneficiadas con adjudicaciones y las han vendido o alquilado, en perjuicio de otras familias necesitadas? ¡Y ni hablar de las invasiones! Al menos los inquilinos se ajustan a derecho.
¿Cuál es la dificultad social para que una inquilina o inquilino, que lleve cuarenta años pagando alquiler, le sea asignada o adjudicada la vivienda en cuestión por la vía expropiatoria? ¿Es que no ha requetepagado esos metros cúbicos de aire?
Pero lo ofensivo no es sólo el silencio ante los inquilinos; lo que indigna es que digan: “¡Es muy costosa la solución!” ¿Costoso? Nos afirman todos los días que somos propietarios de 316 mil millones de barriles de petróleo, poseemos 147 billones de piés cúbicos de gas y nuestras reservas internacionales están en 39 mil millones de dólares. Somos dueños de cualquier cantidad de minerales ¿y no podemos comprar la vivienda que habitamos? Ni Dios convencerá de que la solución es costosa.
Costoso es lo que no se puede adquirir y en Venezuela existen medios económicos para lograr la solución de las 417 edificaciones y más envueltas en el problema.
Los inquilinos de vieja data desean créditos blandos e instrumentos legales para comprar, a un valor real, las viviendas que ya habitan.

¡Gracias Chávez!

TEMAS Venezuela
Opinión
del 6 al 12 de noviembre de 2009

¡Gracias Chávez!
Maglene Sierraalta
De nuevo, las familias inquilinas, tenemos que agradecer al Presidente Comandante Hugo Chávez por el congelamiento de alquileres.
Es un agradecimiento al líder revolucionario quien demuestra con hechos el alto grado de conciencia social en el tema de la problemática habitacional. Antes de iniciar un descongelamiento masivo de alquileres, el Presidente debe juzgar la necesidad de tomar una serie de medidas estructurales, hasta llegar a la garantía de tenencia de vivienda, a través del sistema de arriendos.
Existe en la ley de arrendamientos el Artículo 4, literal (b) por medio del cual se excluyen de regulación “los inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria, oficina o cualquier otro uso, cuya Cédula de Habitabilidad o instrumento equivalente sea posterior al 2 de enero de 1987”. Esto quiere decir, que todos los inmuebles con una edad inferior a 22 años de construcción disfrutan del aberrante abuso de la especulación masiva de alquileres. Exclusión atentatoria contra los salarios en Venezuela.
Esta “patente de corso”, concedida a los propietarios, les permite especular con las rentas de alquiler y crear dos clases de inquilinos. Estos residentes quedan fuera de los instrumentos legales de protección.
Para adquirir y ser propietario bastan utilizar entre el 20% y 30% de los ingresos familiares, para ser arrendatario de esta clase hay que gastar entre el 60% y 80% de los ingresos, especialmente si el propietario está informado del subsidio que puedan recibir de la empresa donde trabajan.
El artículo 4, literal (b), debe ser analizado y excluido de la ley. Esta protección al propietario no está acorde con los principios sociales, humanistas que debe tener una población unida a la cual se le enrumba por la autopista del Socialismo.
Existen métodos científicos para determinar en cuánto se le debe tasar a cada propietario su edificación. ¡Hasta cuando la especulación!
A los funcionarios del Mopvi, encargados de velar por la justicia en las tasaciones de inmuebles, los exhortamos a abandonar la conciencia capitalista y ver con ojos limpios la penuria de vivienda. Deben visitar, fiscalizar y controlar el inmueble en cuestión a ver si tiene realmente los jardínes que aducen en el avalúo o es simplemente una mata de Zábila en la entrada del edificio.

Observamos con preocupación como se utiliza el cemento del pueblo para construcciones de edificaciones carísimas, en urbanizaciones y parroquias de Caracas. tales como: San José, Campo Alegre, Chacao, La Campiña, El Paraíso, Santa Mónica, Sureste, Av Libertador. ¿Quiénes habitarán esas edificaciones cuyo valor superan los 1.100.000 bolívares fuertes?

Inquilinos desasistidos

TEMAS Venezuela
Opinión
del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

Inquilinos desasistidos
Maglene Sierraalta

Decía Benito Juárez: las leyes son para mis enemigos y la justicia para mis amigos.
La protección inquilinaria es un derecho de orden público; me atrevo a ir más lejos al considerarlo Causa Social. No hay excedentes habitacionales. Con eso basta para inducir la perentoria necesidad de protección inquilinaria.
Si hubiera viviendas de sobra, los inquilinos pudieran estrenar una nueva cada año y devolverle sus ”chatarras” a propietarios y propietarias.
La diputada Valls (PPT) recientemente declaró acerca del proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Nos vende como “beneficio” al aceleramiento de todos los procesos y gestiones para hacer más expeditos los “desalojos”.
Debemos interpretar que, a partir de la aprobación de esta ley, los inquilinos conocerán cuando se inicia el proceso judicial y sabrán con antelación cuándo llegará el camión de la mudanza ante la puerta de la vivienda. Para los propietarios todo; para los inquilinos la ley.
Mas ella no indica si el Legislativo exigirá, al Ejecutivo, las nuevas viviendas donde reubicar y refugiar a las miles de familias que quedarán a la interperie con la aprobación de dicha ley.
Según las normas internacionales, llegado el desalojo el gobierno debe tener refugios temporales para guarecer a la familia desalojada y damnificada. En Venezuela no tenemos alternativas de refugio. Al no existir suficientes viviendas, hay que ser más inquebrantables contra los desalojos.
Crece la explotación del alquiler de “ratoneras”. Un propietario puede obtener rentas de 12 y 13 mil bolívares fuertes por el alquiler de cubículos en su viejo apartamento de 180 metros cuadrados. ¡Claro! es su propiedad y él o ella hacen con la misma lo que desean. No hay control fiscal para ellos.
El 6 de marzo de 2006, el Ejecutivo Nacional emitiò el Decreto 4343, basado en la emergencia y la situación de desamparo que existe en la población, producto del déficit habitacional que todos conocemos. Permanece vigente esta carestía, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por construir viviendas. La población sigue creciendo a un ritmo acelerado, rumbo a los 50 millones de habitantes, sin aumentar las viviendas en esa misma proporción.
Hay que honrar esa deuda social con la población desastida de viviendas. Hay que atacar la especulación inmobiliaria de forma radical. ¡Dejemos la hipocresía! Desde la propia Dirección de Inquilinato, se observan avisos de prensa con tasaciones del mercado neoliberal, validadas por Samir Nassar Tayupe, con el agravante de que nuestros sueldos y salarios no son cónsonos con lo que habría que pagar en alquiler.