El Latifundio urbano es contrario a la paz y al interés social de nuestro pueblo
Honorio DudamelDiputado a la Asamblea Nacional
Caracas,viernes 19 de junio de 2009 / Diario VEA - Opinión
De nuevo el tema de la tierra en general y de la tierra urbana en particular se coloca en el debate diario y como es lógico surgen visiones e intereses contrapuestos en torno al mismo. Consideramos que estamos en la obligación política, administrativa, ética y moral de darle una respuesta a nuestro pueblo en esta materia. Los organismos y funcionarios públicos que tenemos la responsabilidad de abordar la solución a este problema debemos mirar al mismo como un asunto de carácter social y no policial y de concertar esfuerzos en función de resolverlo, echando mano a los instrumentos legales que regulan la materia: Decreto Presidencial 1666 de fecha 2 de febrero de 2002, mediante el cual se inicia el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares, la ley Especial para la Regularización Integral de la Tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares, sancionada por la Asamblea Nacional en julio 2006, el Decreto Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, promulgada por el Presidente de la República a través de la Ley Habilitante en julio 2008 y en el caso del Municipio Irribarren* cumplir las disposiciones contempladas en las ordenanzas municipales que regulan la materia de tierra urbana en barrios y urbanizaciones populares.
Insistimos en la propuesta que hemos hecho de manera pública y por vías institucionales la cual considera que para resolver la demanda histórica de tierras por parte de nuestro pueblo, requerimos apoyarnos en los poderes creadores y en la voluntad transformadora de hombres y mujeres que habitan en los sectores populares, se deben tomar medidas elementales como la realizacióin del censo social que permita conocer las necesidades reales de la familia humilde en esta materia, proceder a realizar el inventario de tierras de parcelas ociosas, abandonadas, subutilizadas que existen dentro de cada uno de los asentamientos populares y tomando como base estos 2 elementos, es decir, censo social y censo parcelario, proceder en consecuencia, a la adjudicación conjuntamente con la organización popular como son los Comités de tierra urbana o consejo comunal.
Condenamos la actitud de ciertos funcionarios públicos que se rasgan las vestiduras y tratan este asunto como un problema policial, sin embargo, guardan silencio cómplice frente a las invasiones que realizan los poderosos, la oligarquía de los espacios públicos que son propiedad social.
No se puede atacar las llamadas invasiones cuando éstas provienen únicamente de los sectores populares, debe atacarse, prohibirse también, el monopolio de la tierra urbana por sectores poderosos, este monopolio es absolutamente contrario a la paz y al interés social.
No promuevo invasiones, no las estimulo, pero tampoco las condeno a priori, pues las mismas tienen un origen fundamentalmente de carácter social, sin descartar que en determinados casos, pudiera ser obra de sectores interesados en crear zozobra, confusión e inestabilidad en nuestro pueblo. No obstante debemos reconocer que es un llamado de atención para que nos aboquemos a implantar una política social integral para abordar este problema.
“TIERRA Y HOMBRES LIBRES”
Nota Asocib: *Municipio Iribarren – Estado Lara
