Maglene Sierraalta
Caracas.- No tendremos a Barreto. Aristóbulo será el próximo candidato PSUV a la Alcaldía Metropolitana del Distrito Capital. La oposición también tendrá sus candidatos.
Voces agoreras, lanzan gritos aterrorizadores. Si Barreto no está se cae el proyecto de expropiaciones para los inquilinos. ¡Eso es falso!
Tenemos que ver el problema inquilinario en forma global, macro, colectivo y como nos enseñó Juan Barreto, desde el punto de vista Social.
Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), ¡Nos protege! enmarcado en el Título III de los Derechos Sociales. Debemos hacer valer nuestros Derechos. De allí la importancia de la Organización.
A continuación veremos fragmentos del Artículo Nº 86 de la Constitución, donde interpretamos el marco legal de nuestras solicitudes, al respecto cito: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de (…) vivienda, (…).
Continúamos con el artículo 86 cito: (…). La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. (…)
Comentario: el Estado es responsable y el hecho de que los ciudadanos no hayan tenido ni tengan capacidad contributiva no menoscaba el derecho a ser protegido. Quiere decir que los no contribuyentes de los pagos de la antigua Ley de Política Habitacional hoy Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), también deben ser protegidos.
Quiere decir que el Estado está en la obligatoriedad de buscar las soluciones, ser el intermediario en nuestro problema de vivienda inquilinario, causado por los propietarios y administradores, quienes amparados por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (2000) vigente, presionan bajo resoluciones de contratos y demandas de desalojos, a las familias inquilinas establecidas y consolidadas durante décadas, a que abandonen los apartamentos que ocupan sin que el Estado dé alternativas para mudarse.
Los propietarios creían que iba a ser muy fácil, en el año 1999, concretamente el domingo 19 de septiembre, el diario El Universal publicó, en su cuerpo de Economía, que 350 mil viviendas no eran arrendadas por “el temor a perder la propiedad”, Matriz mediática que crearon para presionar fuese aprobada la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, Capitalista y Neoliberal, extracto puro para convertir la vivienda de arrendamiento como factor de la Oferta y la Demanda: la “Cosa”.
Han transcurrido nueve años y todavía siguen con el mismo “cuentico”.
Vamos a estar claro, las 350 mil viviendas que los inversionistas inmobiliarios le ofrecen al Gobierno son las viviendas que estamos ocupando con nuestras familias. Ellos, en los últimos veinte años no han invertido en construcción de viviendas nuevas para el arrendamiento, a pesar de que en gobiernos anteriores se les otorgó facilidades y subsidios para que invirtieran en ese rubro.
¿Facilidades? Sí, están exentas de regulación las viviendas construidas desde 1987 a la fecha, en este segmento no funciona el Congelamiento de Alquileres y los propietarios no protestan por eso.
Viviendas viejas, en la actualidad, esos edificios de veinte (20) años, con problemas de tuberías, filtraciones es decir mantenimiento y conservación, pagan entre 2 mil y 5 mil bolívares fuertes.
Este es un tema que tiene mucha lana para tejer y se debe seguir profundizando. Busquemos soluciones y resultados desde el punto de vista Social. ¡En Paz!
Voces agoreras, lanzan gritos aterrorizadores. Si Barreto no está se cae el proyecto de expropiaciones para los inquilinos. ¡Eso es falso!
Tenemos que ver el problema inquilinario en forma global, macro, colectivo y como nos enseñó Juan Barreto, desde el punto de vista Social.
Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), ¡Nos protege! enmarcado en el Título III de los Derechos Sociales. Debemos hacer valer nuestros Derechos. De allí la importancia de la Organización.
A continuación veremos fragmentos del Artículo Nº 86 de la Constitución, donde interpretamos el marco legal de nuestras solicitudes, al respecto cito: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de (…) vivienda, (…).
Continúamos con el artículo 86 cito: (…). La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. (…)
Comentario: el Estado es responsable y el hecho de que los ciudadanos no hayan tenido ni tengan capacidad contributiva no menoscaba el derecho a ser protegido. Quiere decir que los no contribuyentes de los pagos de la antigua Ley de Política Habitacional hoy Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), también deben ser protegidos.
Quiere decir que el Estado está en la obligatoriedad de buscar las soluciones, ser el intermediario en nuestro problema de vivienda inquilinario, causado por los propietarios y administradores, quienes amparados por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (2000) vigente, presionan bajo resoluciones de contratos y demandas de desalojos, a las familias inquilinas establecidas y consolidadas durante décadas, a que abandonen los apartamentos que ocupan sin que el Estado dé alternativas para mudarse.
Los propietarios creían que iba a ser muy fácil, en el año 1999, concretamente el domingo 19 de septiembre, el diario El Universal publicó, en su cuerpo de Economía, que 350 mil viviendas no eran arrendadas por “el temor a perder la propiedad”, Matriz mediática que crearon para presionar fuese aprobada la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, Capitalista y Neoliberal, extracto puro para convertir la vivienda de arrendamiento como factor de la Oferta y la Demanda: la “Cosa”.
Han transcurrido nueve años y todavía siguen con el mismo “cuentico”.
Vamos a estar claro, las 350 mil viviendas que los inversionistas inmobiliarios le ofrecen al Gobierno son las viviendas que estamos ocupando con nuestras familias. Ellos, en los últimos veinte años no han invertido en construcción de viviendas nuevas para el arrendamiento, a pesar de que en gobiernos anteriores se les otorgó facilidades y subsidios para que invirtieran en ese rubro.
¿Facilidades? Sí, están exentas de regulación las viviendas construidas desde 1987 a la fecha, en este segmento no funciona el Congelamiento de Alquileres y los propietarios no protestan por eso.
Viviendas viejas, en la actualidad, esos edificios de veinte (20) años, con problemas de tuberías, filtraciones es decir mantenimiento y conservación, pagan entre 2 mil y 5 mil bolívares fuertes.
Este es un tema que tiene mucha lana para tejer y se debe seguir profundizando. Busquemos soluciones y resultados desde el punto de vista Social. ¡En Paz!
