02/11/12.-Con el apoyo de organismos del Estado,
principalmente la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda
(Sunavi), continúan las gestiones para la adquisición de cien edificios de
vieja data que han sido destinados durante décadas a alquiler en la Gran
Caracas.
Yurani Prado, vocera de la Red
Metropolitana de Inquilinos, explicó que esta es una de las acciones que
promueve el colectivo de arrendatarios en la actualidad y detalló que ya se
encuentran en trámite documentos como certificados de gravamen y tradición
legal, ante los entes con competencia.
Comentó que la Sunavi se ha
reunido recientemente con propietarios de 25 edificios, quienes manifestaron su
disposición de vender. Explicó que hay otro grupo de inmuebles cuyos los dueños
se niegan a la venta o se desconoce quiénes son sus titulares, porque en
algunos casos podría tratarse de personas que han fallecido y no dejan
herederos.
Tanto Prado como los demás
integrantes de los colectivos de inquilinos confían en que el proceso llegarán
a feliz término. Cuando se concrete la medida, 1.976 familias recibirían en
propiedad las viviendas que han habitado durante décadas.
“Tenemos confianza. La Sunavi
ha abierto las puertas para sumar manos y estamos colaborando desde el
movimiento”, expresó la vocera, quien vive desde hace diez años en el edifico
Boconó, una estructura ubicada en Baruta que tiene 58 años de construcción.
La sexta disposición
transitoria de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de
Vivienda, la primera norma presentada por iniciativa popular ante la Asamblea
Nacional (AN), establece que los grandes propietarios de estos edificio
antiguos deben vender los inmuebles en un lapso máximo de 180 días a partir del
momento en que la Sunavi fije el precio de venta, de acuerdo al método
establecido en el instrumento jurídico.
En noviembre de 2011, cuando se
promulgó este instrumento jurídico, el presidente Hugo Chávez y el entonces
vicepresidente, Elías Jaua, dieron detalles del inicio de este proceso de
negociación.
En esa oportunidad,
puntualizaron que 73 de los dueños se presentaron ante los órganos públicos
para iniciar el proceso de venta. Con respecto a los propietarios de edificios
que no se habían presentado, se indicó que los inmuebles podían quedar sujetos
a una medida de expropiación.
Estas familias, tal como
contempla la Ley, tendrán prioridad para tramitar los créditos para adquisición
de sus viviendas y el Estado les otorgará subsidios a personas con discapacidad
y adultos mayores.
“Queremos llegar a precio
justo”
Evangelina Aguirre ha vivido
durante más de veinte años en situación de alquiler en el edificio Oriol,
ubicado en la calle El Progreso, parroquia San Pedro, en Caracas.
Es un inmueble con más de
cincuenta años de construcción, con 31 apartamentos alquilados, y que tiene
deficiencias en cuanto a mantenimiento.
“Siempre fue difícil negociar
con los propietarios, porque ellos pretenden vender a precios exorbitantes
cuando el edificio no reúne las condiciones óptimas. No aceptamos ese precio
elevado sino uno justo”, dijo Aguirre, quien desde hace siete años forma parte
de la Red Metropolitana de Inquilinos.
El precio que antiguamente
planteaba el dueño, oscilaba entre los 500.000 y 800.000 bolívares, por un
apartamento de cincuenta metros cuadrados en el que vive Aguirre con su esposo.
“Ese monto no es razonable”, enfatizó. Sin embargo, detalló que el propietario
del inmueble está en las conversaciones con la Sunavi para fijar el costo justo
del bien.
El establecimiento de un monto
justo para adquirir los inmuebles es una conquista del movimiento de
inquilinos, que se logró mediante la promulgación de la ley. El instrumento
jurídico autoriza únicamente a la Superintendencia para fijar el valor de los
inmuebles, tomando en cuenta el valor de reposición (cuánto costaría construir
el inmueble en la actualidad), sus dimensiones, la depreciación, la
vulnerabilidad sísmica y la región.
Ese valor de reposición será
fijado anualmente por el Ministerio y se expresará en bolívares por metro
cuadrado. Los colectivos esperan que el despacho determine este indicador
próximamente mientras se dedican a cumplir con todos los trámites legales y
administrativos.
Fuente:
AVN
