ASOCIB APOYA AL PUEBLO LIBRE DE HONDURAS

COMUNICADO

La Asociación de Inquilinos Bolivarianos de Venezuela (ASOCIB) se une a todo el Pueblo Libre de América y repudia el vil "Golpe de Estado" que se ha perpetrado en la mañana de hoy 28 de Junio de 2009 en contra del Pueblo de Honduras y del Presidente Manuel Zelaya quien fue electo por la vía democrática.

Una vez más vemos con tristeza el retroceso de los pueblos en manos de la mente irracional del poder neoliberal.

Apoyamos al pueblo libre y democrático de Honduras.

¡NO! rotundo al regreso de las dictaduras.

Solidaridad compatriotas, solidaridad

TEMAS Venezuela - Opinión
del 19 al 25 de junio de 2009

Solidaridad compatriotas, solidaridad
Maglene Sierraalta
“Avisos económicos solidarios”, titula un diario hermano, al unirse a la campaña mediática de especulación inmobiliaria.
Apartamentos de una habitación en la aluvional y sísmica urbanización Los Palos Grandes: 4 mil bolívares fuertes. Apartamento en decrépito edificio de Chacao: 4.500 bolívares fuertes.
Para pagar mensualmente esa renta ¿cuánto debe ganar una familia?. Si nos fundamentamos en la Ley de Vivienda y calculamos el porcentaje de ingreso mensual, considerando que ese alquiler es el 30% de sus salarios, deben ser 15 mil bolívares fuertes. ¡15 millones antiguos!.
No es solidario contribuir con la mediatización de semejante especulación inmobiliaria. ¿Será posible que sólo contamos con nuestra fuerza interna inquilinaria para seguir luchando contra tal barbarie especulativa en venta y alquileres?. Nosotros, trabajadores de sol a sol, quienes a pesar de ser considerados peyorativamente “clase media” somos simples asalariados, cobradores de lo que nos queda al fin de mes -si es que nos pagan- tenemos que sufrir el trauma de buscar vivienda después de un desalojo. Y, con esas rentas, tener que pagar 6 meses para poder optar a la entrada y el contrato: 27.000 bolívares fuertes (27 millones antiguos).
Necesariamente debemos recordar a Engels; han pasado 137 años y sus palabras siguen vivas, actuales. Marx y Engels visualizaron la caída del capitalismo neoliberal antes de que éste naciera. En sus obras, profundizan la comprensión de ese sistema, donde el ser humano es un número, más no vive. La industrialización acabó con la humanidad y generó las penurias propias de los desplazamientos del campo a la ciudad, la principal: necesidad de vivienda.
El Estado burgués capitalista no puede, ni quiere, solucionar el problema de la vivienda de los trabajadores asalariados, motor de sus industrias.
Han reventado cualquier cantidad de burbujas inmobiliarias y en Venezuela aún tenemos grandes dificultades para resolver la penuria. Los programas de viviendas gubernamentales no han sido satisfactorios; la gran burguesía propietaria de las empresas de construcción, latifundistas de concreto, transportistas, mercaderes inmobiliarios, han sido y son nuestros enemigos, dificultan la solución. Lo único que les satisface es nuestra esclavitud.
Pero ¡nosotros estamos claros! La solución es Socialista y Engels lo asoma en sus palabras “Sólo los obreros, una vez en posesión del poder político y las principales palancas de la economía, podrán dar solución rápida a la falta de vivienda. Bien sea por la vía expropiatoria, bien sea por la vía de construcción de nuevas viviendas”.

El Latifundio urbano es contrario a la paz y al interés social de nuestro pueblo

El Latifundio urbano es contrario a la paz y al interés social de nuestro pueblo

Honorio Dudamel

Diputado a la Asamblea Nacional

Caracas,viernes 19 de junio de 2009 / Diario VEA - Opinión

De nuevo el tema de la tierra en general y de la tierra urbana en particular se coloca en el debate diario y como es lógico surgen visiones e intereses contrapuestos en torno al mismo. Consideramos que estamos en la obligación política, administrativa, ética y moral de darle una respuesta a nuestro pueblo en esta materia. Los organismos y funcionarios públicos que tenemos la responsabilidad de abordar la solución a este problema debemos mirar al mismo como un asunto de carácter social y no policial y de concertar esfuerzos en función de resolverlo, echando mano a los instrumentos legales que regulan la materia: Decreto Presidencial 1666 de fecha 2 de febrero de 2002, mediante el cual se inicia el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares, la ley Especial para la Regularización Integral de la Tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares, sancionada por la Asamblea Nacional en julio 2006, el Decreto Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, promulgada por el Presidente de la República a través de la Ley Habilitante en julio 2008 y en el caso del Municipio Irribarren* cumplir las disposiciones contempladas en las ordenanzas municipales que regulan la materia de tierra urbana en barrios y urbanizaciones populares.

Insistimos en la propuesta que hemos hecho de manera pública y por vías institucionales la cual considera que para resolver la demanda histórica de tierras por parte de nuestro pueblo, requerimos apoyarnos en los poderes creadores y en la voluntad transformadora de hombres y mujeres que habitan en los sectores populares, se deben tomar medidas elementales como la realizacióin del censo social que permita conocer las necesidades reales de la familia humilde en esta materia, proceder a realizar el inventario de tierras de parcelas ociosas, abandonadas, subutilizadas que existen dentro de cada uno de los asentamientos populares y tomando como base estos 2 elementos, es decir, censo social y censo parcelario, proceder en consecuencia, a la adjudicación conjuntamente con la organización popular como son los Comités de tierra urbana o consejo comunal.

Condenamos la actitud de ciertos funcionarios públicos que se rasgan las vestiduras y tratan este asunto como un problema policial, sin embargo, guardan silencio cómplice frente a las invasiones que realizan los poderosos, la oligarquía de los espacios públicos que son propiedad social.

No se puede atacar las llamadas invasiones cuando éstas provienen únicamente de los sectores populares, debe atacarse, prohibirse también, el monopolio de la tierra urbana por sectores poderosos, este monopolio es absolutamente contrario a la paz y al interés social.

No promuevo invasiones, no las estimulo, pero tampoco las condeno a priori, pues las mismas tienen un origen fundamentalmente de carácter social, sin descartar que en determinados casos, pudiera ser obra de sectores interesados en crear zozobra, confusión e inestabilidad en nuestro pueblo. No obstante debemos reconocer que es un llamado de atención para que nos aboquemos a implantar una política social integral para abordar este problema.

“TIERRA Y HOMBRES LIBRES”

Nota Asocib: *Municipio Iribarren – Estado Lara

Explotación de muchos: ¡ganancia para pocos!

TEMAS
Venezuela
Opinión
del 12 al 18 de junio de 2009

Explotación de muchos: ¡ganancia para pocos!
Maglene Sierraalta

Todos tenemos derecho al abrigo, a la vivienda.
Durante los últimos diez años, el Gobierno Revolucionario Bolivariano ha satisfecho a innumerables familias venezolanas su necesidad de vivienda; otras estamos a la espera.
Juan Barreto refaccionó edificios en condominio a través del Funvi; a algunos les colocó ascensores nuevos. Ayudó a sustituir ranchos por viviendas dignas. Transformó la gris “Ciudad metálica” en unas hermosas casas: Ciudad Sol del Avila.
Freddy Bernal, como Alcalde del Municipio Libertador, entregó titularización de tierras urbanas.
Jorge Rodríguez remoza la Urbanización 23 de Enero. Pintan edificios y cambian ascensores; la Revolución Bolivariana invierte en calidad de vida. Confiamos en la solidaridad y humanidad de los habitantes del 23. y que no pretendan transformar esta renovación en plusvalías capitalistas neoliberales.
La Revolución Bolivariana ha construido y construye viviendas que han sido entregadas en propiedad al Pueblo; ejemplos vivos los tenemos en toda Venezuela.
Sin embargo, los desplazados de la Patria hermana, el saboteo -por no llamarlo mafia- que acecha al negocio de la construcción y la especulación, en el posterior mercadeo inmobiliario, acrecienta la penuria.
Cuando releo en mis viejos libros, lo invertido por el país desde 1958 hasta la fecha en materia de construcciones, saco cuentas: no existen razones económicas para que estemos sufriendo este déficit habitacional. Esto parece un juego estratégico, perfectamente calculado, para convertir la necesidad de vivienda en el mejor negocio del país. Explotación de muchos: ¡Ganancia para pocos!
Excedentes de viviendas, para acabar con la gran especulación, sería lo idóneo. Pero ¿cómo hacer magia y lograr 300 mil viviendas de la noche a la mañana? Insisto en que se debe radicalizar la lucha contra la especulación que se ha dado en ventas y alquileres de inmuebles.
Lo que requieren los latifundistas, poseedores de cientos de edificios, es una renta justa. Renta acorde con los ingresos del individuo y la familia. Los edificios se deben tasar según las condiciones de vulnerabilidad sísmica, habitabilidad y vetustez del inmueble. Para esa tasación, solicitamos la intervención del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.
Los capitalistas oligarcas, dueños de edificios viejos, no deben seguir pretendiendo millones por sus chatarras. Los inquilinos solicitamos tenencia de esos apartamentos, pero a una tasación justa.
¡El desalojo, sin refugios temporales, viola los Derechos Humanos!

25 mil familias se benefician de inmediato con eliminación de cobro ilegal del IPC en viviendas

25 mil familias se benefician de inmediato con eliminación de cobro ilegal del IPC en viviendas
Junio 11, 2009 - 12:27 (mmaldonado)

En Gaceta Oficial resolución que elimina cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mercado inmobiliario / Constructoras deben devolver lo cobrado por ese concepto y deberán indicar la fecha de culminación de la obra en los contratos de compra-venta / Gobierno Nacional revisará contratos de almacenadoras en puertos y aeropuertos.

(VTV)
A través de Resolución Nº. 110 de la Gaceta Oficial Nº. 39.197, de fecha 10 de junio de 2009, queda eliminado el mecanismo ilegal de cobro del llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se prohíbe expresamente el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas de dinero basados en éste, o cualquier mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación.
Así lo afirmó el ministro del Poder Popular de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en rueda de prensa, donde destacó que la citada prohibición, que tendrá aplicación en todo el mercado inmobiliario destinado a la vivienda y hábitat, beneficiará a 25 mil familias.
Según la misma Resolución, todo cobro efectuado por concepto de IPC o cualquier otro mecanismo de ajuste por inflación, después de la fecha convenida por las partes para la culminación de la obra y protocolización de la venta, deberá ser restituido íntegra e inmediatamente al comprador, refirió el ministro Cabello.
"Queda a elección del comprador recibir dicho reintegro en dinero en efectivo o imputarlo al monto adeudado", puntualizó, y señaló que dicho reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de diez días continuos a partir de la entrada en vigencia de la Resolución.
"El IPC es la misma cuota balón, que le cortaba la posibilidad a los sectores medios y a los jóvenes de tener una vivienda", destacó Cabello.
El titular de Vivienda y Habitat advirtió a las constructoras que si después de hacer los reintegros a los afectados intentan vender a otras personas las viviendas para ganar más dinero, les será aplicada la Ley. "No lo hagan, porque vamos a garantizar a aquellos que hicieron su solicitud, que tengan el derecho a la vivienda".
Asimismo, las constructoras deberán indicar expresamente la fecha cierta de culminación de la obra, en sus promociones y publicidad y en los contratos de compra-venta, puntualizó, y señaló que el caso de los contratos en los que no se acordaron términos para la culminación de la obra y protocolización del documento de venta, deberá establecerse en un plazo no mayor a cinco días.
El ministro ofreció el número telefónico (0212) 201 44 72 para responder las inquietudes, planteamientos y atender denuncias de las personas que "han sido chantajeadas para obtener viviendas".
Informó que el Gobierno Nacional bajará los precios de las viviendas, para lo cual se está realizando una revisión exhaustiva de todos los elementos que se utilizan para la construcción de viviendas.
Anunció también que la próxima resolución de su despacho estará dirigida a revisar el alquiler de viviendas, para beneficiar a inquilinos con más de cuarenta años, a los cuales quieran desalojar. Se procederá a comprar terrenos de edificios depreciados, para hacer propietarios a estos inquilinos.
Revisarán contratos de almacenadoras de puertos y aeropuertos
Por otra parte, el ministro anunció que en 30 días se tendrá la revisión completa de las concesiones y contratos con almacenadoras que funcionan en los puertos públicos, con el propósito de que estas actividad estratégicas y de seguridad de Estado sean asumidas nuevamente por el Ejecutivo Nacional.
A través del ministerio de Obras Públicas y Vivienda se realizará dicha revisión, puntualizó Cabello, y la misma abarca el uso de espacios e infraestructuras portuarias, especialmente el área de almacenes, silos y patios. Puerto Cabello, La Guaira, El Guamache y puerto de Maracaibo serán objeto de la revisión.
Destacó Cabello que la estabilidad laboral de los trabajadores que laboran en los puertos está garantizada, y no se interrumpirá la prestación de servicios puertarios.
"Todos esos terrenos donde están las almacenadoras son del Gobierno Nacional. En números gruesos y para que se den cuenta de la magnitud de un negocio que administran solamente 30 familias, que se han enriquecido brutalmente administrando un espacio que es del Estado", el ministro realizó un cálculo de las ganancias de esos concesionarios.
Contabilizó el titular de Obras Públicas y Vivienda, que en el Puerto de la Guaira, "que no es el de mayor volumen de trabajo", aproximadamente se manejan 350 mil contenedores al año, en promedio, lo que calculado a un monto de 200 dólares de alquiler diario por contenedor, en 5 días, se está hablando, "bajo esos números mínimos, de 350 millones de dólares al año".
De este monto, indicó Cabello, estas empresas le pagaban menos de 5% al Gobierno Nacional, por concepto de alquiler. Destinaban menos de 30% al pago de los trabajadores, y se quedaban con 65% de la operación, "más de 220 millones de dólares que iba a los bolsillos de 30 familias".
"Esta medida lo que ha permitido es que esos 220 millones de dólares vayan a obras para el pueblo", indicó Cabello, y ratificó que con las resoluciones anunciadas este jueves, se está aplicando verdadera justicia social.

(resaltado de asocib)