Mantenimiento y Conservación de inmuebles

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Venezuela
Opinión
del 18 al 24 de septiembre de 2009

Mantenimiento y conservación de inmuebles
Maglene Sierraalta

El artículo 12 de la vigente ley de arrendamientos inmobiliarios establece, para los administradores, dueñas y dueños de inmuebles, la obligatoriedad de mantener en buen estado la edificación y todas sus instalaciones.
Dejo a salvo los Metrobuses de la siguiente crítica: existe similitud entre el transporte público y los edificios viejos de Caracas. El horrendo deterioro que presentan en el paisaje de nuestra ciudad capital, tanto públicos como privados, es ¡patético!
Toda la vida, los propietarios de edificios y casas se han quejado, al mejor estilo de choferes y dueños de autobuses, busetas y taxis, de no poder cubrir los costos de mantenimiento y conservación con los cánones de alquileres que pagan los usuarios.
Con este lloriqueo siempre se han salido con la suya. Aumentos y más aumentos, pagados por el usuario explotado, quien no llega a disfrutar del esperado confort que supuestamente darán los aumentos que deberá cancelar a diario o a fin de mes.
Cuando alguien decide invertir en el negocio inmobiliario, conoce sus elementos de riesgo. Asume por ley la obligatoriedad de prestar el servicio de mantenimiento y conservación de montacargas, ascensores, ductos de basura, bombas de agua, tanques de agua lavados una vez al año como mínimo (Gaceta Oficial 4044 Extraordinario/1988), luces de emergencia, tuberías de gas, pintura de fachadas y otros.
Tales servicios forman parte de los derechos irrenunciables que poseen los inquilinos, quienes están en su derecho legal de denunciar las fallas ante el Indepabis u otra instancia. Las leyes contemplan además los daños que por mala fe ocasionen los arrendatarios.
No se puede seguir con el manipuleo de abrogar al inquilino gastos propios del dueño o dueña con el consabido cuentico de que no les alcanzan los ingresos mensuales. No mezclemos todo en un mismo saco: explotan al venezolano con cánones de 2.000 bolívares fuertes y más, sin retribución en calidad de servicio.
Al cumplir su ciclo de fatiga, se inician las filtraciones, las fallas de las guayas de los ascensores y las fugas de las tuberías de gas. ¿A quién le corresponde asumir el costo de reparación? ¡Al propietario! No puede obligar a los inquilinos a que asuman esos gastos. Esa es su propiedad privada y debe mantenerla y conservarla.
Si queremos solucionar la problemática inquilinaria, los inversores en esta área deben aceptar su verdadera definición: Prestadores de servicios. Los inquilinos tienen la potestad de denunciar cuando les son violados los derechos que adquiere por estar pagando una renta mensual.
Si buscamos equidad, la Balanza no debe estar inclinada con Desalojos. Si el inquilino está solvente tiene derechos irrenunciables.

Libia: vivienda para las masas populares

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Venezuela
Opinión
del 25 de septiembre al 1º de octubre de 2009

Libia: vivienda para las masas populares
Maglene Sierraalta

Siento admiración por el sistema socialista de vivienda en Libia: “La vivienda es para quien la habita”.
Consulté a la Oficina Popular de la Gran Al Yamahiria Árabe Libia Popular Socialista (Misión Diplomática) sobre inquietudes que me nacían al leer el Libro Verde.
En este libro se afirma el concepto de la Vivienda como una necesidad básica para el individuo y la familia; en la Teoría de “Al Yamahiria”, teoría de liberación de las necesidades, ellos certifican la Libertad como la pieza clave y básica en cualquier construcción democrática.
Dicha teoría tiene como fin la libertad del ser humano y ésta es la conjetura del ¿por qué la vivienda ha de ser propiedad sagrada? Esto evita, como antes hemos hablado y escrito, ser víctimas de intimidación bajo amenazas, pagos de hipotecas, expulsión, desalojos, acoso a la salud mental, medidas privativas y/o secuestros.
La Revolución Libia creó numerosos proyectos de viviendas públicas; les dio a los libios la oportunidad de obtener créditos habitacionales en los bancos, instituciones y asociaciones habitacionales para la construcción de viviendas.
¿Existe en Libia el sistema de alquileres?
Ellos responden sí, pero acorde con la filosofía de la Teoría de “Al Yamahiria”, las reglas de alquileres están sujetos a normas y procedimientos determinados: “impera el principio básico de que no se permite que un libio explote a otro libio, sometiéndolo a una relación económica desequilibrada o no equitativa, como la relación entre el arrendador y el arrendatario o la relación entre el trabajador y el patrón.”
¿Cómo explicar esto? ¿Desapareció el sistema de alquileres en Libia?
Continúa: “la posibilidad de arrendar viviendas e inmuebles por parte de instituciones a ciudadanos extranjeros, y la posibilidad de que ciudadanos libios residentes temporalmente en el extranjero con fines de trabajo o estudios, ejerzan su derecho de percibir una cantidad de dinero a cambio de facilitar el uso de sus inmuebles por parte de terceros”. Interpreto que impera el principio de la no explotación.
En Libia también tienen previsto por Ley que cualquier libio sometido a una relación condenada por la misma, se convierta en propietario de la vivienda alquilada o se convierta en socio del proyecto económico donde trabaja a cambio de un salario.
Llegó la hora en que asumamos en Venezuela la explotación a la que estamos sometidos los inquilinos: 10, 20, 30, 40, 50 años y más pagando arriendos, pagos aberrantes por habitaciones. Profesionales con 2.800 de salario pagan 2.000 de alquiler. Es necesario investigar y diagnosticar la verdadera situación.

No pague alquiler por un rancho

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Venezuela
Opinión
del 11 al 17 de septiembre de 2009

No pague alquiler por un rancho
Maglene Sierraalta

Nuestra polémica Ley de Arrendamientos Inmobiliarios declara ilícito el alquiler de ranchos.
No obstante, nos preguntamos ¿Qué es un rancho? La ley antes nombrada, en su artículo 6º, define al rancho de manera simple: “...viviendas urbanas o suburbanas que no posean las condiciones elementales mínimas de sanidad y habitabilidad”. Están comprendidas en este caso, especialmente, las viviendas comúnmente llamadas "ranchos", construidas con materiales inadecuados o perecederos, tales como tablas, latas y cartones, y que carecen de servicios de infraestructura primaria. En consecuencia, nadie estará obligado a pagar arrendamiento por viviendas de esta clase."
¿Cuál es el organismo competente para dar la declaratoria de "rancho" y adjudicar el espacio geográfico a la familia que lo ocupa y castigar al explotador de turno? ¡eterno monstruo especulador que explota al ser humano sin consideración alguna!.

Esa situación se vive en nuestras barriadas. Terrenos, otrora invadidos, subutilizados y explotados, donde construyen viviendas laterales, sin condiciones de habitabilidad elementales; no obstante, se convierten en la renta mensual de un presunto propietario.

Consideramos urgente hacerle un llamado de atención a la Dirección de Inquilinato y a su Director General: Samir Nassar Tayupe. Presumimos que, para regular un inmueble, debe existir una presentación previa de Avalúo. Inocentemente pregunto: ¿Quién lo realiza? ¿Inquilinato o el Propietario? ¿A quién pertenece el avaluador? ¿Quién controla?
Hace poco visité un barrio muy popular y antiguo de la zona metropolitana. Tres familias inquilinas, acosadas con una regulación como local comercial –presumo era para el terreno- donde el propietario pretende cobrar rentas, en cada mísero apartamento, de dos mil bolívares fuertes. De no aceptarlo, deben desalojar. Según el dueño: ¡existe quien se los pague!
Los inquilinos hemos tildado, a Samir Nassar Tayupe: "persona no grata". Lúgubremente, él representa el inicio de especulación en materia de cánones de arrendamiento. No es cuestión de considerarlo culpable, sino sencillamente responsable por el deber que representa en su trabajo: Regulador de cánones de arrendamiento o alquiler y contralor en campo, de la verdad inmobiliaria presentada por los dueños.
Atrozmente, durante su período, todos los avalúos de la Dirección de Inquilinato han sido realizados utilizando de raíz las leyes del mercado neoliberal y la libre competencia, menospreciando el factor social de la vivienda para las familias.

¿Hasta cuándo más carpetas?

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Venezuela
Opinión
del 04 al 10 de septiembre de 2009

¿Hasta cuándo más carpetas?
Maglene Sierraalta

Desde hace cuatro años alrededor de ocho mil familias inquilinas están saltando de un lado a otro, buscando papeles. Piden y piden papeles y planos. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo solicitan carpetas a los inquilinos?
Cuando se inició el proyecto “Dotación de viviendas para las familias que habitan en condición de arrendatarios en inmuebles ubicados en el área metropolitana de Caracas”, cada vocero de edificio se encargó de investigar y recabar información acerca de la titularidad y tradición legal del terreno y bienhechurías, cuántos pisos y cuántas familias habitan en cada apartamento; más la búsqueda y copia de los planos de construcción, ficha catastral, familias que coticen en el Faov, censo Sivih, en fin … cualquier cantidad de papeles con los que habría que llenar la carpeta marrón.
Todos encandilados: ¡Ahora sí nos van a dar soluciones! ¡Vamos a ver resultados! ¡Nos van a dar los créditos por el Banavih!
La investigación inquilinaria descubrió el “Latifundio Urbano”: personas dizque respetables, otrora funcionarios en la Dirección de Inquilinato, ahora dueños de cientos de edificios y centros comerciales.
Se fue Barreto. Al irse Juan, llegó la decepción: la arremetida en contra nuestra por los dueños y dueñas: ¡Tenéis que desocupar! ¡No les van a regalar los apartamentos! ¡Habéís sido burlados! ¡Seguid creyendo en la revolución bonita!
Hoy de nuevo nuestra alma pende de un hilo con la solicitud de carpetas. Las piden en la UBV, en Sabana Grande, en San Juan, en Chacao y pare de contar. Me llaman y les respondo: “Juguemos este número a ver si sale” ¡Llévela de nuevo! ¡Llévela a todas partes! Pregunto: ¿Quién es el responsable de esta pedidera de carpetas? Silencio. Nadie sabe quién está detrás de todo esto.
¡Llegó la hora! Las diversas redes de inquilinos deben unificarse para avanzar. Estamos en ofensiva por la obtención de garantías de tenencia de la vivienda. El movimiento de inquilinos tiene madurez necesaria para que los inquilinos verdaderos, afectados por el problema y sin codicia de poder político, tomen las riendas y presenten proyectos estructurales ante la Jefa de Gobierno en la búsqueda de soluciones y resultados.
Recién llegado Diosdado Cabello, al nuevo Mopvi, se hizo una reunión donde se planteó la segmentación de la problemática habitacional en: construcción de viviendas, nueva Ley de Arrendamiento, expropiaciones e invasiones.
Nos interesa conocer quiénes son los equipos responsables, amparados por el Estado, proyectores de estructuras de soluciones y resultados. No queremos más aspiradoras políticas que persiguen la penuría del inquilino para sus propios fines.

Redes de Inquilinos

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Venezuela
Opinión
del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2009

Redes de Inquilinos
Maglene Sierraalta

Durante los años 1991 a 1993 surgió un movimiento vecinal en Chacao, llamado por sus siglas Movecode: “Movimiento Vecinal contra los Desalojos”, precursores de la lucha contra la desigualdad entre propietarios e inquilinos en Venezuela. Los dueños reiniciaban la práctica del desalojo, para aumentar la renta o sencillamente derrumbar para construir el nuevo Chacao o Pequeña Manhattan que nacería bajo la tutela de la alcaldesa.
Se inició el calvario colectivo de los inquilinos. Un grueso número se enfrentó a los desalojos violentos y medidas preventivas de secuestros. Poco a poco se fue durmiendo el Movecode, escuchando cantos de sirena de un político de turno quien dio esperanzas de soluciones.
Al paso de la década, los arrendadores utilizaron sus músculos para unir los dispersos decretos que rigen la materia arrendaticia. Sus oponentes no tienen peso para defender reinvindicaciones. Al lograr una nueva Ley, aprobada en 1999 y vigente en el 2000, se inició una suerte de resoluciones de contratos a diestra y siniestra; rebosamiento de demandas en los Tribunales y el lógico incremento de inquilinos consignantes en el único Tribunal de Consignación para toda la zona metropolitana: el Tribunal 25º.
Declarada la emergencia habitacional, producto del deslave en Vargas, vaguada en el 2005, el gobierno subsidió la compra o arrendamientos de viviendas para los damnificados. Pero allí estaba el monstruo de mil cabezas: ¡capitalismo! Abrió sus fauces, se tragó el subsidio e incrementó el valor de los inmuebles.
A los arrendadores les estorban sus viejos inquilinos y deciden introducir resoluciones de contratos en masa. Aspiraban nuevos arrendatarios y nuevas rentas.
Los inquilinos desesperados solicitan ayuda al Alcalde Metropolitano del Distrito Capital, lo asedian para crear un proyecto con fines expropiatorios. Esto ayudaría a conservar la tenencia de la vivienda, sólo a los inquilinos que calificaban para esa asistencia, acudieron 417 edificios.
El Cabildo Metropolitano arrima el hombro y sugiere organizar una Red Metropolitana de Inquilinos que aglutinaría a los diferentes edificios que hicieron la solicitud de expropiación. Esta red, con el tiempo se fue dispersando en diferentes redes transformadas en otros movimientos parroquiales, incluyendo la Asociación Civil de Inquilinos Bolivarianos de Venezuela (Asocib).
Todas con criterios desiguales pero el mismo fin: lograr la tenencia de la vivienda habitada durante varias décadas.
Mensaje para la Jefa de Gobierno del Distrito Capital Jackeline Farías: estas redes excluidas solicitan ser escuchadas.